PAMPLONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, mostró hoy su "respeto y apoyo" tanto al proceso deliberativo como a los acuerdos adoptados el pasado miércoles por las Juntas de Jueces y Magistrados de la Comunidad foral, que decidieron no secundar la huelga convocada para el 18 de febrero, pero sí realizar una concentración como protesta por la situación de la justicia.
En una rueda de prensa, Fernández afirmó que el acuerdo de los jueces navarros es "encomiable" en cuanto al grado de "mesura y contención en la exposición de los problemas que acucian hoy al poder judicial en particular y a la Administración de Justicia en general".
En su opinión, la "mejor de las soluciones" es esperar primero al resultado del proceso negociador "y dando unos pasos en los que sea razonable llevar a cabo medidas que permitan acreditar una intención de mejorar la situación". Insistió en que la "prontitud de la huelga" parece que "bloquearía la negociación" y que "lo mejor, más prudente y sensato es posponer la adopción de medidas más radicales a un plazo posterior".
Sobre la situación de la Justicia en España dijo que es "deficiente", pero que no es algo nuevo y que además es de domino público que el servicio público que se presta por los órganos judiciales "presenta muchas carencias, lo que frustra a diario tanto las legítimas expectativas de los ciudadanos que acuden a él como las de quienes operamos profesionalmente en el mismo".
Por ello, resaltó que las reivindicaciones "que hoy con más fuerza que nunca planteamos los jueces no son gremiales o corporativistas, sino que, por el contrario, buscan la dignificación de un servicio esencial para el efectivo ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos".
En este sentido, lamentó que la acumulación de asuntos "con la consiguiente e inevitable tardanza en su resolución; la falta de recursos, generadora de múltiples incomodidades tanto para los usuarios como para los profesionales del servicio Justicia, acaba erosionando la confianza social y, de alguna manera, la legitimidad democrática del juez".
Dijo también que la "gravedad" del momento exige "prudencia, reflexión y dialogo", y que el poder judicial ha de mantenerse "al margen de la lucha de los partidos políticos, porque además es un deber inexcusable de éstos procurar las condiciones necesarias para su buen funcionamiento".
A su vez, el poder judicial, añadió, "ha de ser respetuoso con quienes encarnan los otros poderes del Estado, respeto que ni es sumisión ni obediencia, sino sencillamente democracia" y todo ello ha de traducirse en negociaciones "claras y honestas, sensatas y realistas, que cristalicen en medidas eficaces".
Por todo los anterior, para Fernández "es la hora de la unidad en torno al Consejo General del Poder Judicial, hoy más que nunca llamado a hacer patente su función constitucional de órgano de gobierno del poder judicial; de la unidad en torno a las asociaciones judiciales, actuando al unísono a través de la Comisión Interasociativa Permanente; y también de la unidad de todos, asociados y no asociados, orillando las diferencias puntuales para conseguir juntos las reivindicaciones que estamos defendiendo".
DERECHO A HUELGA
Sobre el derecho a la huelga de los jueces dijo que el suyo es un poder "difuso" y que por ello, la cuestión es "sumamente compleja". Según recalcó, la realidad es "la falta de desarrollo legislativo del derecho a la huelga" y que, por lo tanto, "de la omisión a toda referencia, la presunción es lo que no está prohibido". Abogó en este sentido por una legislación al respecto "que parece necesaria".
Por último, Fernández quiso aclarar que la situación de la justicia española "no es culpa de la actuación del Gobierno que actualmente está en el poder, sino que es consecuencia de la falta de acuerdo de las principales fuerzas políticas a lo largo de los últimos años para adoptar medidas estructurales que se precisan con urgencia".