Antonio Casado.- Corrupción y crisis económica.

MADRID 15 Ene. (OTR/PRESS) -

La respuesta oficial a la crisis económica genera escandalosas desigualdades en el reparto de la carga. En esas condiciones es lógico que la corrupción de los políticos se haga insoportable hasta la náusea. Las encuestas más recientes advierten de que se ha duplicado el malestar de los españoles. Ha descendido mucho el umbral de la indignación ciudadana ante las malas prácticas de la clase política. Es un efecto colateral de los sacrificios que el poder reclama de los ciudadanos frente a la crisis, mientras los miembros de la casta político-financiera hacen trampas para quedar exentos.

Asistimos a una sucesión de acontecimientos que muestran cómo la corrupción se está haciendo cada vez más indigesta para la opinión pública. En nombre de la Corona (Urdangarin), de los clientes políticos (Baltar), de los afectados por los despidos (EREs), de los parados que necesitan reciclarse para volver al mercado de trabajo (Pallerols). También en nombre de la salud de los españoles. La semilla de la sospecha ha caído en el terreno abonado de la llamada "marea blanca" al saberse del provechoso viaje del exconsejero madrileño de Sanidad, Juan José Güemes, de lo público a lo privado. El actual presidente regional, Ignacio González, dice que es un episodio banal de compra-venta entre empresas. Sin embargo, que el exconsejero sea ahora un firme partidario de los planes privatizadores de aquél, después de haber pilotado en su día la privatización de los análisis clínicos, se ha convertido en argumento contundente al servicio de quienes se movilizan contra esos planes.

La conducta de Güemes es legal. Siempre podrá alegar su interés en mejorar la sanidad pública. En otros solo la codicia pura y el móvil de esa corrupción política, que es la cuarta preocupación de los españoles (detrás del paro, la situación económica y la clase política en sí misma). Pensemos en Mata, Munat, Fabra, Millet, Prenafeta, etc. La lista de cargos políticos o institucionales imputados judicialmente (los ocupan o los han ocupado) rebasa con creces la cifra de los doscientos, pero solo cuatro están en la cárcel. Son otras tantas muestras -no me atrevo a decir ejemplos- de personas teóricamente entregadas al servicio de los demás. A los ojos de la opinión pública, son otras tantas modalidades de desvío de dinero público a bolsillos privados.

A veces ni siquiera pasan por el Juzgado. Conductas que no responden a un determinado tipo penal, pero denotan desprecio a los ciudadanos, falta de transparencia o mala administración. Eso fue muy visible durante los años de bonanza en áreas regionales y locales, donde nuestros gobernantes practicaron la promiscuidad con los constructores, el compadreo y el faraonismo. Por no hablar de aquellos "hermanamientos" con ciudades en la otra punta del mundo que generaban gastos sin cuento en viajes, siempre con hueco para uno más a cargo de fondos autonómicos o municipales. O de esas empresas públicas que servían y aún sirven para camuflar agujeros presupuestarios y colocar a los amigos.