Antonio Casado.- Pensiones y déficit público.

MADRID 2 Feb. (OTR/PRESS) -

La segunda y tercera fuerza del Parlamento (PP y CiU) han descalificado las dos grandes propuestas alumbradas por el Gobierno. En ambos casos la argumentación es estrictamente política. Pocas consideraciones técnicas encontraremos en los discursos de los dos líderes aspirantes al poder. Quien tiene el reto electoral más próximo es Artur Mas, en las catalanas. A medio plazo trabaja Mariano Rajoy a escala nacional. Uno y otro han recurrido a la retórica, en la frontera con la demagogia. Sobre todo el presidente del PP, cautivo del pertinaz discurso consistente en hablar por sistema de un Gobierno que miente, improvisa y se contradice, sin hacer otra cosa que generar desconfianza e incertidumbre.

En cuanto a los agentes sociales, está ocurriendo algo muy curioso. Los sindicatos, teóricamente más próximos al Gobierno Zapatero, se muestran reticentes. Incluso hablan de derechización y de paso atrás en las conquistas de los trabajadores. En cambio el empresariado, por boca de los dirigentes de la CEOE, casi siempre en sintonía con el PP, dicen que estas propuestas del Gobierno van en la buena dirección.

En todo caso, es en los discursos de patronal y sindicatos donde aparecen razonamientos no sólo políticos. Por ejemplo, a la hora de relacionar el alargamiento de la vida activa de un trabajador con la necesidad de incorporar al mercado laboral a ese 43 por ciento de parados entre menores de 25 años. Retrasar la salida de los más mayores del mercado de trabajo es retrasar la entrada de los más jóvenes, mientras el paro siga desbocado.

No es discutible la intención de garantizar el futuro de las pensiones. Si tiende a bajar el número de cotizantes y a subir el de pensionistas, la propuesta del Gobierno iría en la buena dirección, aunque el asunto reclama debate y aportaciones de expertos. No se puede despachar el asunto apelando a la creación de puestos de trabajo como única manera de conjurar los riesgos que corre el sistema. Es condición necesaria pero no suficiente, si tenemos en cuenta el envejecimiento de la población.

Del mismo modo que el Gobierno quiere anticiparse al estallido del sistema de pensiones a medio y largo plazo, pretende evitar el estallido de la gran burbuja de la economía nacional: el déficit público, que cerró el año con una insoportable tasa del 11,4 por ciento del PIB. Era imperativo este plan de austeridad que sitúa en 2013 la meta de la recuperación de la estabilidad presupuestaria en los términos fijados por la UE.

El Gobierno ha hecho lo debido, aunque se lo reprocharán por la derecha y por la izquierda. En la derecha ya le dicen que el plan de austeridad llega tarde, que es improvisado y que va a ser perjudicial para la inversión productiva y la construcción de infraestructuras. Y en la izquierda, que el retraso en la edad de jubilación es un paso atrás en el Estado del Bienestar. Bienvenido sea el debate. Al menos Rajoy no podrá seguir diciendo que el Gobierno no hace nada.