Antonio Casado.- La privatización contestada.

MADRID 11 Dic. (OTR/PRESS) -

Este domingo la "marea blanca" volvió a echarse a las calles de Madrid al grito de "La sanidad pública no se vende, se defiende". Miles de médicos y pacientes, convocados por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que desbordan la inclinación política de una ciudadanía que clama con una sola voz contra la posibilidad de que la sanidad pública madrileña caiga en manos privadas. Esa unanimidad es precisamente uno de los rasgos del movimiento contrario al Plan de Medidas de Garantía de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, un anexo de los Presupuestos de la CAM para 2013. Contempla la gestión privada de seis hospitales y veintisiete centros de salud.

La firma de los convenios de cesión a empresas o sociedades interesadas está prevista para el próximo jueves día 20 de diciembre. A medida que se aproxima esa fecha los paros y las movilizaciones van tomando el sesgo de una huelga indefinida y más se extiende la sensación de que nadie acepta las propuestas del gobierno regional. No hay precedente de que un conflicto sanitario en Madrid haya puesto de acuerdo a todos los agentes de la sanidad pública. Tampoco lo tiene la gran implicación de los jefes de servicio de los hospitales.

Casi seiscientos Jefes de Servicio y de Unidad del Sistema Madrileño de Salud han firmado una carta abierta a los madrileños en la que explican por qué reclaman la inmediata retirada del mencionado proyecto del gobierno regional. Los 576 firmantes sostienen que el plan "compromete seriamente la calidad y la universalidad de la sanidad pública madrileña con la que estamos decididamente comprometidos por razones éticas y profesionales".

El conflicto también ha unido en el objetivo común, la salvaguardia de la sanidad pública, a los colegios de médicos, las sociedades científicas, los gerentes de hospitales, los sindicatos, los usuarios y los facultativos en general. Una prueba más de que el deterioro de los servicios públicos, como consecuencia de la política de recortes en nombre de la austeridad, está despertando la conciencia social de los españoles. Como los escudos humanos que se interponen entre las familias amenazadas de desahucio y los hombres de negro, como los indignados del 15-M. o como los dependientes que hace unos días se manifestaban en las calles de Madrid contra los recortes que les afectan.

El fondo de la cuestión es que los recortes se están convirtiendo en una forma de asalto al Estado del Bienestar. Y ese es también el caso del llamado plan de sostenibilidad, defendido con escasa fortuna por el consejero Fernández Lasquety, que ha cuantificado el recorte en 60 millones de euros. Sería el ahorro que se lograría con la externalización de servicios sanitarios y no sanitarios. Y quienes se oponen al plan piensan con lógica que si se recorta en el gasto se recorta en la prestación. Sobre todo cuando la gestión está presidida por el ánimo de lucro.