Hay algo de masoquismo en las relaciones del estado con la Iglesia Católica. Desde el lado del estado, claro. El caso es que la Iglesia de Roma dispone de unos acuerdos con el estado español inéditos en Europa y en el mundo, por los que dispone de prerrogativas y financiación directa. A cambio de eso, su comportamiento es sustancialmente distinto que en cualquier otro país europeo en donde hace tiempo que desistió de pretender hacer de su doctrina ley civil.
La fuerza de las ideas católicas debe imponerse en los creyentes de acuerdo al código de toda religión: por convicción. Si la Iglesia Católica tuviera fe en sus proclamas sobre la catolicidad de España, no pretendería imponer sus criterios morales en las leyes civiles. Sobre todo porque ningún ciudadano o ciudadana está obligado a utilizar preservativos, a divorciarse o a interrumpir su embarazo. Los gay que sean católicos pueden guardar abstinencia sexual y desde luego tienen capacidad para no acogerse a las leyes que les permiten celebrar matrimonio.
Carlos Carnicero
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