Cayetano González.- Alarma discutible.

MADRID 17 Dic. (OTR/PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha aprobado, a iniciativa del Gobierno, el decreto por el que se prorroga hasta el próximo 15 de enero, el "estado de alarma" decretado por el ejecutivo el pasado día 4 a raíz del abandono por parte de los controladores aéreos de sus puestos de trabajo. Una medida que, empleando los mismos términos utilizados por Zapatero al referirse al término nación, es "discutida y discutible".

Nadie discute que lo que hicieron los controladores fue una barbaridad, un sabotaje en toda regla y que deberán pagar por ello, tanto en el terreno laboral como en el penal, si así lo decidieran los tribunales. Muy pocos discuten que el Gobierno actuó correctamente y de acuerdo a la ley en la tarde del viernes 3 de diciembre y en la mañana del día 4 para resolver un conflicto que había puesto al País patas arriba con el espacio aéreo cerrado y con cientos de miles de ciudadanos tirados en los aeropuertos. Pero muchos discuten que pasadas casi dos semanas desde aquella situación fuese necesario prorrogar una medida que es en si misma excepcional, aunque constitucional. Tan excepcional que nunca antes, desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978, se había aplicado. Y no deja de ser paradójico que quien lo ha hecho por primera vez haya tenido que ser un gobierno socialista.

El argumento esgrimido por el ejecutivo para justificar esta medida: el temor a que los controladores pudieran volver a repetir su impresentable actuación en las próximas fiestas navideñas no es ciertamente muy sólido, ya que los controladores han salido bastante escaldados de lo que hicieron hace doce días y es difícil pensar que fueran por segunda vez a tropezar en la misma piedra. Mas bien, da la impresión que el Gobierno no tiene una estrategia para resolver lo que es en si mismo un conflicto laboral con un colectivo muy estratégico para el buen funcionamiento de un servicio tan básico para el País como es el del tráfico aéreo.

Llegará el 15 de enero y entonces no parece que el Gobierno opte por volver a pedir a autorización al Congreso de los Diputados para ampliar el estado de alarma. El Ministerio de Fomento tendrá que sentarse en una mesa de negociación con los controladores y buscar un acuerdo. El ministro Blanco ya ha puesto una fecha tope para lograrlo: la del 31 de enero. No parece que esa sea una buena forma de encarar la solución del conflicto, a no ser que el ejecutivo ya tenga pensado como sustituir a los actuales controladores en caso de no alcanzarse un acuerdo. Una vez llevado a cabo el sabotaje y a la espera de que reciban el merecido castigo por ello, la pelota está ahora en el tejado del Gobierno. Y lo que este no puede hacer es seguir empleando medidas absolutamente excepcionales para resolver un conflicto laboral. El precedente sentado por el ejecutivo ha sido muy malo.