- El letrado que defiende a la aerolínea insiste en que la compañía podría haber reanudado su actividad de no ser por Fomento
MADRID, 9 Ene. (OTR/PRESS) -
Air Madrid defiende su solvencia. La aerolínea reveló hoy durante la primera vista pública del proceso sobre la declaración de concurso necesario por insolvencia de la empresa que inyectó 7 millones de euros después de la fecha de sus pensión de actividades. De hecho, el letrado que defiende a la aerolínea insistió ante el juez en que la compañía podría haber reanudado su actividad de no ser por Fomento.
La defensa de Air Madrid ante el proceso abierto sobre la solicitud de declaración de concurso necesario en el juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid, Jesús Castrillo, reveló hoy durante la primera vista pública del caso que la empresa Optursa, socio mayoritario de la empresa, inyectó 7,1 millones de euros entre el 15 de diciembre, fecha de suspensión de la actividad por parte de la compañía, y el 31 de diciembre de 2006.
Castrillo avaló con este nuevo dato su argumento de solvencia de la aerolínea y defendió así la preferencia de la compañía por la declaración de concurso voluntario en lugar del necesario, solicitado por la acusación. Además, el letrado reiteró ante el juez que Air Madrid podría haber reanudado su actividad de no ser por Fomento, al que achaca responsabilidades, pues consideran que la suspensión de la licencia realizada por el Ministerio provocó que "la actividad de la empresa se volviera legalmente imposible" lo que le llevó a "una forzosa insolvencia".
Optursa es la empresa matriz del entramado de sociedades que posee el presidente de Air Madrid, José Luis Carrillo Benítez, participada al 50% por éste y su esposa, Susana Symansca, y que desde el 1 de enero al 15 de diciembre de 2006 inyectó en la aerolínea 22,8 millones de euros, según informó el letrado de la defensa durante la vista previa, que junto a los 7,1 millones posteriores a la suspensión suman una aportación de 29,9 millones de euros durante todo el 2006.
EN SIETE DIAS
El juez titular de este juzgado, Alberto Arribas, dictará en el plazo de siete días la resolución que declarará o no el concurso necesario solicitado por dos clientes particulares que habían adquirido billetes para volar a Buenos Aires el día 22 de diciembre. En este sentido, la acusación particular pidió a los abogados de Air Madrid la aportación de una relación completa de pasajeros afectados que incluya el importe y la fecha de los vuelos, una medida a la que el abogado de la aerolínea restó legitimidad alegando que "cuatro billetes no son suficientes para la solicitud del concurso".
Al respecto la acusación alegó que la Ley Concursal establece que "cualquier acreedor puede solicitar la declaración a concurso" y que la intención de sus acreedores para abrir el proceso judicial es "promover cuanto antes el proceso concursal". Los abogados recordaron que la compañía sólo asume el traslado de una parte de pasajeros, pero "no el derecho de compensación de los mismos" y exigieron que se concreten "los pasivos que están por venir y los activos existentes".