Fernando Jáuregui.- Un gobierno independiente. Demasiado independiente.

MADRID 21 Dic. (OTR/PRESS) -

Mariano Rajoy presume, en círculos privados, de su independencia: a él, dice, no le dictan la política que tiene que hacer ni el empresariado, ni los sindicatos, ni la prensa, ni otros partidos, ni las encuestas. Pienso que, si se exceptúan los 'diktats' de la Unión Europea en general y de algunos dirigentes europeos en particular, es cierto: Rajoy no suele admitir presiones y sería injusto sugerir siquiera que intereses corporativos, de la gran empresa o de la banca -para no citar algún 'fuego amigo'- le hayan hecho variar el camino. Lo que ocurre es que el exceso de independencia puede llevar al aislamiento, y eso puede resultar tan peligroso, o más, que practicar una política volcada al clientelismo.

Lo digo porque no parece buena cosa que un ministro de Justicia esté enfrentado a todo su sector, lo mismo que el de Educación al suyo o el de Industria a una parte de quienes se integran en su campo de actividad, y que aleguen que lo que los discrepantes defienden son meros intereses corporativos, apenas privilegios de casta. Me gusta, sí, el sentido de la independencia de Rajoy y de buena parte de su equipo, comenzando por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría; pero me preocupa esa tendencia a gobernar sin consultar a los presumiblemente afectados por las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo. Puede que esta evidente falta de diálogo esté detrás de muchos comportamientos insatisfechos, de no pocos desplantes, de bastantes manifestaciones en la calle: gobernar, contra lo que dijo Ruiz-Gallardón hace unos días, no consiste en provocar 'dolor' al gobernado.

Afirmó el Rey en una ocasión, tras entrevistarse con un dirigente de Esquerra Republicana, que "hablando se entiende la gente"; una frase que fue bastante criticada por la intolerancia hispana. La verdad, pienso que gobernar es un ejercicio diario de flexibilidad, de renunciar a lo mejor si es enemigo de lo bueno, de saber esperar a mejor ocasión para imponer un programa electoral y, más aún, para imponer las contradicciones al propio programa electoral.

Porque, estamos de acuerdo, un Gobierno ha de ser independiente, o al menos parecerlo hasta donde sea capaz; pero no puede serlo de la ciudadanía, de la sociedad civil, que es la que le elige y le paga.