Fernando Jáuregui.- No te va a gustar.- Lo que viene tras la sentencia del Estatut.

MADRID 29 Jun. (OTR/PRESS) -

Hay en los medios políticos y jurídicos más solventes quien opina, a la vista del revuelo ocasionado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán, que acaso sería conveniente revisar algunos artículos, y hasta todo un Título, de la Constitución, porque se está "quedando algo estrecha" ante las exigencias devenidas en estos treinta y dos años desde su promulgación. Las tensiones derivadas de la tan traída y llevada sentencia hacen que quienes piensan que la flexibilidad siempre es mejor en política que la rigidez se planteen que acaso comience a resultar más nocivo practicar la política del avestruz que ir afrontando algunos retoques, incluso de fondo, en nuestra Carta Magna.

Es el caso que el Estatut lleva cuatro años aplicándose y de su uso no parecen haberse derivado más males para el Estado que la constatación de que en Cataluña existe una amplia conciencia nacionalista, obviamente preestatutaria, y que esa conciencia es conveniente encauzarla. Y no será con las obvias limitaciones y hasta contradicciones que se contienen en el Título VIII de la Constitución, dedicado a poner en marcha las autonomías, como se solventen los cien escollos que surgen constantemente en la navegación autonómica.

Lo digo porque es seguro que de la sentencia del Estatut, sea lo que fuere de ella, va a derivarse una inmensa polémica, que no será solamente jurídica. Lástima que la inmediatez de los árboles que a cada instante surgen al paso impida a la clase política, y también a buena parte de la sociedad civil, ver el conjunto del bosque, de manera que se anticipe a los acontecimientos. Pero eso, claro, sería renunciar a la improvisación constante, a la inmediatez y al cortoplacismo que se ha instalado en nuestras costumbres, y no hablo, obviamente, tan solo de este Gobierno, ni tan solo del Gobierno.

Sin embargo, ha llegado la hora de mirar con catalejos de mayor alcance. Entiendo que sería buena la creación de algún tipo de comisión, que integrase a constitucionalistas de todas las tendencias y a expertos de los partidos, encargada de emitir un dictamen, que complementase al que en su día hizo el Consejo de Estado, acerca de qué aspectos de nuestra ley fundamental convendría actualizar. Y que emitiese un veredicto, en un plazo razonable y tasado, que sirviese para un debate parlamentario sobre el tema.

Porque, naturalmente, esas actualizaciones, en una Constitución que lleva más de tres décadas -y qué décadas_funcionando, no se limitan ya solamente a los aspectos relacionados con el funcionamiento de las autonomías, como reiteradamente han destacado algunos renombrados profesionales; hay aspectos obsoletos, superados -servicio militar obligatorio, la sucesión en el Trono de España--, y otros que claramente están ausentes del articulado. Me parece que va entrando ya en el terreno de lo peligroso esa insistencia en que "no conviene abrir el melón" de la reforma constitucional. Más arriesgado resulta, creo, no abrirlo.