MADRID 26 May. (OTR/PRESS) -
¿Hay seguridad jurídica cuando se legisla que los ayuntamientos no pueden pedir un crédito más a partir de ahora y se ponen en peligro obras, inversiones y hasta las nóminas de los empleados públicos? ¿La hay cuando, al día siguiente, se rectifica en el BOE y se les permite endeudarse hasta el 31 de diciembre? ¿Existe cuando se reduce el sueldo a los funcionarios con efecto inmediato después de haber firmado hace unos meses un acuerdo con los sindicatos que se incorporó a los Presupuestos Generales del Estado garantizando lo contrario, el mantenimiento de su poder adquisitivo? ¿Se puede "obligar" ahora al Tribunal Constitucional a que no dicte sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, para que pasen las elecciones de otoño, y renovarlo en días, tras la incapacidad de los partidos para hacerlo en cuatro años? Hay muchos más ejemplos.
"La seguridad jurídica, decía hace unas semanas el fiscal general del Estado, es la única base sobre la que se puede construir el Estado de Derecho". La economía y la Justicia nos dejan a veces "el corazón partío". "El respeto a los derechos fundamentales -exponía en aquella intervención Cándido Conde-Pumpido- incluidos el derecho de defensa y la presunción de inocencia, el derecho a obtener una resolución jurídicamente fundada en un tiempo razonable y que pueda ser revisada en segunda instancia, no son cuestiones atinentes a la teoría procesal, fruto de las elucubraciones de los profesores universitarios u obsesiones de las ONGs defensoras de los derechos humanos. Estamos hablando -concluye el fiscal general- de problemas de todos los días, que poco a poco han ido, en una progresión tan imperceptible como imparable, llenando de titulares escandalosos los medios de comunicación". Sus argumentos pueden ser exactamente igual de válidos para todo lo demás. Y están bien fundados.
Hace décadas, en muchos lugares bastaba la palabra dada para garantizar un acuerdo, una transacción y hasta un matrimonio. Hoy, la palabra, que seguramente vale mucho menos que antes, ha sido sustituida por "la certeza del Derecho". Es fundamental conocer lo permitido, mandado o prohibido respecto de uno para con los demás y de los demás con uno, en igualdad, sea un pequeño ciudadano o la todopoderosa Administración. Sin seguridad jurídica, que es la esencia del Derecho, todo se tambalea, un país no puede avanzar ni pretender que vengan inversores extranjeros ni que nadie se tome en serio sus compromisos. A muchos políticos les enerva que les planteen estas cosas, pero sin seguridad jurídica no hay Estado de Derecho. No podemos quedarnos en el escándalo. Hay que impedir el daño.