José Cavero (2).- Aznar supo de los vuelos de la CIA a España

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nuevamente, las revelaciones que ha efectuado este domingo el diario 'El País', ponen seriamente en entredicho y necesitadas de explicaciones las actuaciones del entonces presidente Aznar con relación a los vuelos de la CIA con prisioneros talibanes que sobrevolaron e hicieron escala en España. Aznar sabía de la existencia de tales vuelos y qué contenían esos aviones, al margen de la legalidad internacional, entre Afganistán y Guantánamo. De nuevo, se pone sobre el tapete la "singular relación" del Gobierno de Aznar con el de su amigo Bush, que ha podido explicar la relación mucho más difícil con su sucesor, Zapatero, que desde el primer momento quiso cumplir su promesa electoral de abandonar el Irak invadido con auxilio de las tropas españolas.

Relata esta historia cómo el 10 de enero de 2002, casi cuatro meses después del ataque contra las Torres Gemelas y dos desde la salida de los talibanes de Kabul, el consejero político-militar de la Embajada de Estados Unidos en Madrid llamó al director general de Política Exterior para América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Miguel Aguirre de Cárcer, y le pidió una cita urgente. Nada más salir la visita de su despacho, el diplomático español redactó un informe sobre la inesperada entrevista, informe dirigido al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y a su secretario de Estado, Miquel Nadal. Este documento, que ahora se ocupa de divulgar 'El País', demuestra que el Gobierno de José María Aznar sabía que aviones de EE UU que sobrevolaban y hacían escala en España llevando a bordo a personas detenidas en condiciones cuya legalidad era más que dudosa. Ni el Ejecutivo del PP, ni luego el del PSOE, han reconocido hasta ahora estar al corriente de estos traslados, que investiga la Audiencia Nacional.

"Los EE UU van a iniciar muy próximamente vuelos para trasladar prisioneros talibanes y de Al Qaeda desde Afganistán hasta la base de Guantánamo, en Cuba", escribió Aguirre de Cárcer en aquel informe. "Estos vuelos se realizarán con aviones de largo alcance y, en consecuencia, sin escalas", proseguía. "Sin embargo, en caso de que por razones no previstas fuera necesario realizar un aterrizaje de emergencia, el Gobierno de EE UU quisiera disponer de autorización del Gobierno español para utilizar algún aeropuerto de nuestro país". El Gobierno de EE UU, puntualizaba que estas escalas serían por el tiempo mínimo imprescindible para poder trasladar otro avión al aeropuerto en cuestión para continuar vuelo y que, a estos efectos, dispondrían de aviones de reserva en la región preparados para desplazarse con carácter inmediato si fuera necesario. Y que, en todo momento, los EE UU se harían cargo de la seguridad de las personas transportadas. La Administración estadounidense quería que España supiera que esos aviones transportaban a "prisioneros talibanes y de Al Qaeda". Y no sólo España. Según le hizo constar su interlocutor a Aguirre de Cárcer, "esta misma gestión las están realizando [los estadounidenses] con varios países que se encuentran a lo largo de la ruta que deben seguir los aviones en cuestión", como Turquía, Italia y Portugal.

George W. Bush ya había firmado en noviembre de 2001 una orden, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que autorizaba la creación de tribunales especiales para juzgar a sospechosos de terrorismo. Los miembros de dichos tribunales serían militares, los acusados no podrían acceder a las pruebas en su contra (supuestamente, para preservar la seguridad nacional) y ni siquiera se les aplicaría el principio de presunción de inocencia. Poco después, la Casa Blanca decretó que talibanes y miembros de Al Qaeda eran "combatientes enemigos ilegales" y no les reconocía los derechos previstos en la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra. Estas medidas provocaron una gran polémica en Europa, a la que el Gobierno español no pudo sustraerse, pues José María Aznar ejerció, a partir del 1 de enero de 2002 y durante un semestre, la presidencia de turno de la Unión Europea.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional y numerosos juristas advirtieron de que España no podría extraditar a EE UU a ningún sospechoso de pertenecer a Al Qaeda, ya que no estaba asegurado el derecho a un juicio justo y con mínimas garantías. Cuando el 28 de noviembre Bush recibió a Aznar en el Despacho Oval, por primera vez después del 11-S, el presidente español dijo que "Estados Unidos tiene todo el derecho a organizar su jurisdicción de la manera que le resulte más oportuna, como corresponde a una democracia". Pero agregó: que "cualquier decisión que se adopte en España respecto a estos detenidos, si se pidiera su extradición, será acorde con las leyes españolas". Sigue relatando el documento conocido ahora que, en su conversación con el consejero político-militar de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, Aguirre de Cárcer no consiguió que éste le concretara el calendario de los vuelos previstos ni cuántos sería preciso realizar para llevar a Guantánamo a los prisioneros capturados en Afganistán y otros países. Pero sí le indicó, según el informe secreto, que el traslado se iniciaría "muy pronto". Y le urgió a que el Gobierno español respondiese a la demanda de Washington "lo antes posible".

Por iniciativa propia, el diplomático español le sugirió que "sería preferible, en todo caso, utilizar aeropuertos en bases militares como Morón o Rota en vez de aeropuertos civiles". De nuevo, como se ve, queda en entredicho la actuación de Aznar ante su amigo Bush, decidido incluso a incumplir la legalidad internacional y a situar a nuestro país al margen de dicha legalidad. ¿Explicará Aznar este comportamiento, o preferirá refugiarse, como hasta ahora, en su silencio, y en la esperanza de que "la historia decidirá"?

José Cavero.