MADRID, 10 Sep. (OTR/PRESS) -
La irrupción el pasado martes de CiU, cuyo voto no es necesario, en una negociación que, hasta ahora, habían protagonizado PP y PSOE, a los que corresponde proponer al Pleno del Senado cuatro nombres de una lista de 20 (dos a cada formación política), podría desbloquear una renovación, la de los magistrados del Tribunal Constitucional, que está atascada desde hace casi tres años. La sorpresa saltó cuando, como adelantó ABC en su edición del miércoles, en los contactos que tuvieron lugar con motivo de la reunión de la Junta de Portavoces y la comida posterior que mantuvo el presidente del Senado, Javier Rojo, con los responsables parlamentarios, ni el PP ni el PSOE se opusieron a la condición que planteó CiU, en el sentido de que sólo apoyarán a los cuatro candidatos a magistrados del TC si uno de ellos es catalán. Nunca, hasta el martes, se había planteado tal exigencia, y nunca se había hablado de que las dos fuerzas mayoritarias (PP y PSOE) podrían ceder a condición alguna en sus propuestas. El principio de acuerdo alcanzado el martes, "no es firme, pero es lo más probable y, si sucede, el PP podría llegar a aceptarlo", según aseguraron a fuentes populares.
Ello supone que en la Comisión de Nombramientos, que se reunirá el próximo miércoles, se podrían consensuar tres nombres para elevar al Pleno: uno del PP (Francisco José Hernando), otro del PSOE y un tercero que deberá salir de los nombres propuestos por el Parlamento de Cataluña (Encarna Roca i Trias y Antoni Rovira i Viñas). De esta forma el PSOE aceptaría la exigencia de CiU, ya que el magistrado catalán tendría que salir de su cupo de dos candidatos, y podría ser un catalán de corte progresista, no necesariamente nacionalista. El cuarto nombre, que el PP quiere que sea Enrique López, vetado por la Mesa del Senado y al que siempre se han opuesto los socialistas, quedaría pendiente de una negociación posterior. Si en el PP ven este principio de acuerdo como una posibilidad que puede ser real, en el PSOE aseguran que es "una vía abierta en la que nos podríamos sentir cómodos". Una manera de decir, según las fuentes socialistas consultadas, que se está en el camino de desbloquear esta situación.
Los socialistas van un poco más allá y subrayan que "hay mejor disposición que hace cinco meses. Podemos aprobar tres candidatos y dejar uno vacante. Esta semana será crucial y vamos a hacer un esfuerzo para hablar con el PP en todos los niveles". Igualmente, en CiU aseguran que "estamos de acuerdo en facilitar el desbloqueo de la renovación, siempre y cuando haya un representante propuesto por el Parlamento de Cataluña". Alcanzado el acuerdo sobre estos tres nombres, el cuarto quedaría pendiente de una negociación posterior que, como adelantó ABC, implica otras instituciones pendientes de renovación, como son el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, así como los cuatro vocales del TC propuestos por el Congreso, que tienen que comenzar a negociarse.
En este sentido, después de la carta que le envió la presidenta del TC, María Emilia Casas, al presidente de la Cámara Baja, José Bono, el pasado mes de julio, instándole a poner en marcha el proceso de renovación, el proceso no debería demorarse. Bono pedirá a los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces que presenten sus candidatos. Las fuentes consultadas indican que "la velocidad del acuerdo global se puede disparar cuando empiece la renovación en el Congreso, que Bono no ha activado aún, al contrario que Rojo". Las riendas de esta negociación la llevan directamente el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el responsable de Justicia del Partido Popular, Federico Trillo.
Se pregunta la crónica de ABC por qué se les presta tanta atención a los votos de los senadores nacionalistas catalanes para sacar adelante la renovación del TC, si no inclinarán la balanza en uno u otro sentido, ya que la mayoría del PP y PSOE permite sacar adelante los nombramientos... La explicación podría estar en una estrategia de ambas formaciones políticas para congraciarse con CiU, fuerza a la que todas las encuestas dan como triunfadora en las próximas elecciones autonómicas. El juego de alianzas y los apoyos necesarios para garantizar una mayoría estable de gobierno, parece que han jugado a favor de esta renovación, que está bloqueada desde 2007. A nadie escapa que ello puede ser así, aunque ninguna de las fuentes consultadas quiere reconocer que, sin ser imprescindible para la renovación del TC, a CiU se le ha dado un papel relevante, que no había tenido a lo largo de todo este largo y tedioso proceso. Nadie se cree a estas alturas que la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato está caducado, se negocia en los pasillos del Senado y el Congreso. Aunque es Carmela Silva, la portavoz socialista en la Cámara Alta, la que pone la voz y, en el caso del PP, la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, la que da la cara, el acuerdo se negocia al más alto nivel. Los verdaderos muñidores del acuerdo son el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo. Ellos son los que tienen sobre el tablero de la mesa las fichas de una jugada en la que se deciden otras instituciones del Estado, como el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
Cualquier movimiento no es baladí, todo está medido y tiene su contrapartida en el ring de la política. En todo caso, es evidente que se han vuelto a parar los relojes para resolver la renovación pendiente...
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