MADRID, 12 Abr. (OTR/PRESS) -
El ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Fomento con José María Aznar, Francisco Álvarez-Cascos, insiste en su convencimiento de que la Policía investigó si la trama "Gürtel" le pagó un viaje que realizó en 2003 a Lanzarote para luego filtrar a los medios de comunicación que había sospechas sobre él. La noticia en cuestión apareció en un medio digital y el diario El País se hizo eco de ella en un breve, según cuenta hoy el diario ABC. Cascos consideró que se estaba intentando manchar su honor y buen nombre, y puso en marcha por su cuenta una serie de actuaciones para demostrar que esas acusaciones eran falsas. Lo cierto, en cualquier caso, es que nunca ha sido imputado, pero quería cortar de raíz cualquier intento de involucrarle.
Álvarez-Cascos sostuvo el pasado viernes en una emisora de radio que la camarilla de la Policía Judicial instalada en Canillas (el complejo en el que tienen su sede los servicios centrales del Cuerpo) había preconstituido pruebas contra él. Además, recordó que algunos de los policías -aludía al Comisario General de Policía Judicial, Juan Antonio González, aunque no le nombró- habían falsificado los papeles de Laos que sirvieron para traer a España a Luis Roldán. La sorpresa por las declaraciones del ex ministro, cuyo nombre suena con fuerza como candidato del PP a la presidencia del Principado de Asturias, si bien Génova se muestra muy cauta en este asunto, ha intentado ser aclarada horas después por fuentes de su entorno.
Álvarez-Cascos no tuvo más noticias del asunto hasta el 4 de diciembre, cuando recibió la respuesta de Anticorrupción en la que simplemente se le informó de que se había recibido el escrito y la documentación y en atención a su contenido le comunico que, con esta fecha, se procede a su archivo. A la vista de todo lo anterior, Francisco Álvarez-Cascos decidió enviar una carta al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el caso, Antonio Pedreira, para pedirle amparo, "con objeto de evitar la posible reiteración de estas intolerables y presuntamente delictivas conductas, con daño irreparable a mi honor y a la verdad de los hechos". El ex ministro de Fomento, según precisaron fuentes de su entorno, considera que todo lo anterior demostraría que la Policía ha preconstituido pruebas contra Cascos, y ello con la clara intención de perjudicarle para que se vea envuelto de alguna manera en la trama de corrupción. Los principales sindicatos de la Policía, CEP y SUP, han arremetido contra el ex vicepresidente del Gobierno y le han exigido que demuestre sus afirmaciones o, en caso contrario, que las retire. "No podemos volver a empezar con una teoría de la conspiración", dicen fuentes de estos sindicatos.
Por otro lado, cuenta hoy el diario Público que la red corrupta dirigida por Francisco Correa obtuvo gracias al Partido Popular (PP) directamente, o a través de las instituciones bajo su control al menos 48 millones de euros de dinero público entre 2000 y 2008. La cifra se desprende de las declaraciones presentadas por las distintas empresas de la trama a la Agencia Tributaria durante estos ejercicios. El listado forma parte del sumario, cuyo secreto levantó el pasado martes el juez Antonio Pedreira. Los 48 millones representan únicamente la facturación declarada a Hacienda procedente de dinero público de la decena de empresas que integran el núcleo duro de la trama, con lo que la cifra amasada por el grupo en este periodo es necesariamente superior. No incluye ni los eventuales pagos en negro ni las subcontrataciones que permitieron que empresas Gürtel hicieran trabajos que formalmente fueron adjudicados a otros. El Partido Popular (PP), que como todas las formaciones se financia en un 90% con dinero público, distribuyó directamente entre las empresas de Correa 23,44 millones de euros entre 2000 y 2008, el 48,7% del total. Le siguen la Comunidad de Madrid, donde se declararon contratos por valor de 9,5 millones entre el Gobierno autonómico y los ayuntamientos del PP; la Comunitat Valenciana, con 8,69 millones, y el Gobierno de José María Aznar, con otros 3,3.
En todos estos ejercicios, la trama en su conjunto se embolsó una cifra superior a los tres millones de euros anuales procedentes del dinero del contribuyente. Los años de mayor facturación fueron 2003 y 2004, años electorales. En 2003, con elecciones municipales y autonómicas, la trama logró 7,9 millones. El año siguiente, con la campaña de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno, rozó los 10 millones de euros, sobre todo vehiculados a través de Special Events. En 2005, Correa dejó de trabajar para FAES y el PP nacional. El PP y Special Events son los elementos clave de la etapa que culmina en 2004. A partir de esta fecha, ya con Mariano Rajoy al frente del PP, el partido deja de ser el principal cliente de la trama y el peso de las adjudicaciones pasa a ser asumido por las instituciones públicas de la Comunidad de Madrid y de Valencia, las dos organizaciones territoriales más importantes del PP. El vuelco es total en el periodo examinado por la Agencia Tributaria: en 2000, el 99% de los contratos de la trama procedentes del dinero público recaían en el PP y en sus fundaciones. En cambio, en 2008, el PP no aportaba ya ni un euro directamente a la trama, ni siquiera en Valencia. El 100% del dinero público que recibía el grupo Gürtel tenía su origen en instituciones públicas o con participación pública mayoritaria de Madrid y de Valencia.
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