José Cavero.- Normalidad y servicios mínimos.

MADRID 30 Sep. (OTR/PRESS) -

Con puntualidad, Celestino Corbacho, ministro de Trabajo, comparecía a las ocho de la mañana para dar cuenta de las ocho primeras horas de la jornada de huelga general convocada por las centrales sindicales, y recordó, sobre todo, y repetidamente, los dos derecho de los ciudadanos, en esta fecha: el derecho a hacer huelga y derecho a trabajar, según cada cual. Reiteró las líneas generales de la actitud del Gobierno: neutralidad entre ambos derechos sin entrar ni siquiera a discutir los datos que pudiera ofrecer cada parte. Ha resultado evidente, en particular en los últimos días, esa voluntad del Gobierno de permanecer al margen de cualquier confrontación, incluso de rebatir las ideas insistentes que repiten los dirigentes sindicales. Méndez y Toxo, y sus segundos y terceros en las dos centrales mayoritarias, han reiterado que la huelga sólo tiene un propósito: que el Gobierno rectifique su política económica.

Pero, siquiera de momento, no parece que exista el menor propósito de proceder en el sentido que establecen los dirigentes sindicales, convencidos de "su verdad" inalterable y hasta indiscutible. Da la impresión, incluso, de que el Gobierno está feliz con la convocatoria y desarrollo de la huelga, porque de algún modo nos asimila a lo sucedido en otros cuantos países de la Unión Europea -Grecia, Francia- en los que también muchos trabajadores han salido a la calle para manifestar su discrepancia con la política restrictiva en gastos a la que se ve forzado el Gobierno, incluso rectificando políticas anteriores. De algún modo, y por causa de las excelentes relaciones de Gobierno y líderes sindicales, durante los últimos seis años, daba la impresión de que todo eran "mieles y caricias" entre el Gobierno y la población, sobre todo sus representantes sindicales. Uno y otros, finalmente, se han situado en su lugar: el Gobierno restringiendo, reduciendo, recortando, y las centrales con su programa de exigencias sociales y de inversiones del Estado para la consecución de nuevos puestos de empleo que sustituyan a los casi cinco millones de empleos perdidos.

En esta huelga general, cada una de las partes se ha mostrado feliz y hasta eufórica, por hacer conseguido sus propósitos. El de los sindicalistas, porque han parado y paralizado en buena medida el país. El del gobierno, porque todo -casi no importa qué- ha sucedido con normalidad. Lo que tenía que suceder, ha sucedido sin mayores tensiones de las previsibles... Y que cada cual haga su propio relato de los hechos y las pertinentes, o impertinentes conclusiones y reflexiones. Otra cosa es, claro, que esta clase de actividades-inactividades son costosas para un Estado, y en particular, cuando ese Estado padece una situación en la que se esfuerza por salir de una recesión prolongada y severa.

Algunos analistas han intentado extraer conclusiones sobre lo que costará "la broma de la huelga": entre cuatro y siete mil millones, se asegura. Otros cálculos estiman que vendrá a ser un 0,7 por 100 del PIB, de un PIB ya de por sí reducido a la mínima expresión, y que tiene ante sí la dificilísima tarea de salir de manera definitiva de los números rojos. Y ni siquiera se descarta, o también se apunta, que una jornada de huelga pudiera significar, ni más ni menos, que "un billete de regreso a la recesión". En ésas estamos. Con toda educación y respeto al derecho de cada cual, pero con factura final que satisfacer...