MADRID 9 Dic. (OTR/PRESS) -
El próximo pleno del Congreso, en el que se debatirán las medidas del gobierno contra el plante de los controladores aéreos que paralizaron la actividad en la tarde del viernes, en el comienzo del puente-fin de semana de la Constitución e Inmaculada, se presenta como una oportunidad para que Gobierno y Oposición puedan apuntarse algún tanto dialéctico y político. Ambas partes preparan los argumentos para defender o atacar las referidas medidas de militarización y estado de alarma decretadas por el gobierno para normalizar la situación. El vicepresidente Pérez Rubalcaba, que tuvo un especial protagonismo en esas horas del viernes y sábado, viene explicando la actuación del Gobierno: "El puente de la Constitución ya no era un puente normal, los controladores sabían que la iban a montar y había que cortarlo". Así ha explicado el vicepresidente del Gobierno la chispa que hizo estallar el caos aéreo el pasado viernes. En una entrevista en RNE, el vicepresidente ha defendido que el Consejo de Ministros aprobara el decreto que regulaba las horas de los controladores y que provocó la huelga encubierta que mantuvo en jaque durante 72 días. En este sentido, Rubalcaba indicó que el conflicto nació porque los controladores querían hacer un cálculo de las horas laborales "muy peculiar", y que la Administración dijo "el computo se hace como digo yo", y a partir de ahí "se creó una mancha de aceite que se fue extendiendo" hasta el puente. El vicepresidente insistió en que la situación con los controladores era insostenible desde hace mucho tiempo. "No se puede pedir a la gente que haga sacrificios por la crisis y haya sueldos como los que hay", afirmó. "No había ministro de Fomento que se atreviera con ellos y cada vez se le concedían más privilegios, que había que cortar y eso ha hecho el ministro", ha reiterado. En cuanto a las responsabilidades de la crisis aérea, Rubalcaba, como ya han hecho otros miembros del Gobierno, ha asegurado que "hay distintas vías para poner las cosas en su sitio definitivamente", y que la que se ha montado "no puede salir gratis". "Uno no puede abandonar su puesto de trabajo, marcharse a casa y dejar a los ciudadanos tirados. Y eso exige responsabilidades y las vamos a pedir", añadió. Con ello, ha explicado que existen dos vías jurídicas, una la de la Fiscalía para reclamar responsabilidades penales y luego la vía civil "para que todos aquellos que se sientan perjudicados, que va desde los usuarios hasta hosteleros y compañías aéreas" puedan reclamar las pérdidas por el caos. Además, el número dos del Gobierno ha vuelto a reiterar que existe el compromiso de que esto no va a volver a ocurrir. "El Ejecutivo va a impedir que esto vuelva a pasar y mecanismos tiene. El Estado y la Constitución ofrecen mecanismos para abordar una situación de esa naturaleza y al Gobierno no le va temblar la mano para aplicarlos", ha finalizado.
De otra parte, relata este miércoles el diario La Gaceta, próximo a las tesis del PP, que "el propio Gobierno es consciente de que no todas las medidas puestas en marcha para frenar el caos aéreo del fin de semana fueron legales: Y añade que "a las reservas que puso en su momento el Servicio Jurídico del Ejército del Aire se suman las del fiscal general del estado, Conde Pumpido, que se expresó en el consejo de ministros del sábado. También asegura que algún miembro del partido y del Gobierno tienen serias dudas de la legalidad de las medidas para un caso como el de los controladores del pasado fin de semana. El presidente Rodríguez Zapatero, revela también esta información consultó con varios juristas y constitucionalistas antes de tomar la decisión. Se cuenta, asimismo, que el gobierno llegó a consultar al Presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, quien como Conde Pumpido habría mostrado reservas con la declaración del estado de alarma. En cambio, dice La Gaceta, encontraron aliado a Gregorio Pérez Barba, catedrático de Derecho y uno de los padres de la Constitución vigente. En el PP, la más activa en las últimas horas viene siendo la portavoz Sáenz de Santamaría, después de una primera e infeliz intervención del portavoz González Pons.
JOSÉ CAVERO