MADRID 23 Sep. (OTR/PRESS) -
Una vez más, el PP aprovechó, este miércoles, la sesión de control al Gobierno en el Congreso para arremeter contra la política económica del Ejecutivo y para preguntar por las intenciones que, en materia fiscal, tiene el Ministerio de Economía de cara al futuro. La vicepresidenta segunda y responsable del área, Elena Salgado, insistió, una vez más, en que estudia "pequeños ajustes fiscales" que afectarán a las rentas más altas que, según la ministra, "están dispuestas a hacer un pequeño esfuerzo". En cualquier caso, ha recordado, los cambios se incluirán en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Salgado descartó la posibilidad de que el Gobierno incluya modificaciones fiscales "sustantivas" en los Presupuestos del año que viene, aunque no "algún pequeño ajuste", dirigido a las rentas más altas, y se mostró confiada en que las personas con mayor capacidad estén dispuestas a realizar un esfuerzo para contribuir a la reducción del déficit. "Si les preguntáramos, seguro que dirían que sí", ha señalado Salgado, tras pedir al PP que se sume a esa corriente y que apruebe las eventuales modificaciones fiscales de las cuentas cuando lleguen a la Cámara. Además, Salgado recordó que las modificaciones fiscales más importantes que había que hacer para reducir el déficit se aprobaron el año pasado y ya están dando resultados, permitiendo que el déficit del Estado se haya reducido a la mitad en lo que va de año. "Parece que no se quieren enterar", reprochó la vicepresidenta económica al PP, al que ha criticado por utilizar argumentos que se han escuchado en la Cámara "repetidas veces". La vicepresidenta cree que con las modificaciones impositivas que se han realizado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año y con las "poquitas" que se realizarán en 2011 será "suficiente" para reducir el déficit público. Salgado se pronunciaba así tras conocer que la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) prevé una subida generalizada de impuestos a todos los ciudadanos porque el recorte de gastos no será suficiente para cumplir el objetivo de déficit de 2013, el 3% del PIB. Salgado insistió en que la estructura fiscal española es "suficiente" para reducir el déficit y ha recordado el "ejercicio de austeridad" que está realizando el Gobierno en estos momentos de crisis económica. "Vamos a ver qué es lo que dan de sí las modificaciones impositivas que hemos realizado en los Presupuestos Generales del Estado de este año y las poquitas que vamos a hacer en el de 2011, y creemos que con eso será suficiente. Hoy hay que hacer un ejercicio de austeridad y es lo que estamos haciendo", ha enfatizado. Luego recordó que España se está financiando en las emisiones de deuda a unos precios "muy razonables, inferiores" a los del pasado y ha recalcado la "sobredemanda" que hay a los "títulos" de la deuda española. "Creo que podemos estar absolutamente tranquilos y satisfechos con lo que estamos consiguiendo", ha concluido. Por su parte, la diputada popular Luisa Fernanda Rudi criticó a Salgado por llevar a cabo una política "sin rumbo" y por incumplir la práctica habitual de presentar el anteproyecto de ley de los Presupuestos en el último Consejo de Ministros de julio. Además, señaló que no sabe con qué parte del discurso del Gobierno quedarse, después de que el presidente Zapatero dijera en Estados Unidos que da lo mismo subir o bajar impuestos, y que "lo mismo es progresista una cosa que la contraria". "Me recuerda a otro presidente del gobierno socialista que aplicó aquello de que da lo mismo gato negro que blanco si caza ratones", añadió Rudi, en referencia a Felipe González. Salgado ha respondido con un dato desconocido hasta ahora: la agencia de rating japonesa JCR ha calificado la deuda pública española con una triple A, perspectiva estable, la máxima calificación para la deuda. La ministra ha señalado que esta calificación de la deuda supone que el Gobierno "parece que está haciendo lo correcto". La vicepresidenta ha defendido, además, el límite al crédito a los ayuntamientos más endeudados.
Por su parte, el diputado del PP, Álvaro Nadal, ha reprochado que sea la deuda y no el déficit lo que marque la capacidad de pedir más crédito y ha recordado que ciudades como Madrid o Valencia tendrán problemas de financiación el año que viene. Salgado ha respondido que las entidades locales se han endeudado libremente y que el Gobierno apuesta por reducir dicha deuda.
A su vez, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, ha tachado de "auténtico disparate" pagar la deuda que las entidades locales tienen con el Estado con solares. Chaves aseguró que, de aceptarse la medida, el Estado se convertiría en una agencia de gestión del suelo" y los ayuntamientos "se quedarían sin suelo" donde hacer colegios o centros de salud. Chaves protagonizó, además, un rifirrafe con el diputado del PP Rafael Merino, quien acusó al presidente del PSOE de ser el "cocinero de la olla de la corrupción" del partido, que, dijo, es el que más causas pendientes tiene. Merino recuperó para su acusación el llamado caso Matsa que el PP utilizó para atacar al vicepresidente tercero al relacionarle con un trato de favor a una empresa en la que trabajaba su hija. Chaves se ha defendido recordando que el Tribunal Supremo archivó la causa.
También el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se enzarzó con el diputado del PP Rafael Hernando, quien acusó a Rubalcaba de nombrar a uno de sus supuestos hombres de confianza, el comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González, para atacar al PP por el flanco de la corrupción. Rubalcaba respondió que no sería suficiente con nombrar un coordinador de los casos de corrupción del PP, sino que haría falta un "superpolicía" para investigar todos, porque son decenas de sumarios con cientos de imputados.
Finalmente, la sesión de control trató la destitución de la directora del CIS, Belén Barreiro, por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el estilo del Gobierno es "el del veto y el del cese". El veto para las iniciativas "que les molestan" y el "cese de quien les dice lo que no quieren escuchar", como en el caso de Barreiro. De la Vega decidió destituir a la presidenta del CIS (dependiente del Ministerio de Presidencia que ella dirige) al negarse ésta a cambiar la fecha del barómetro de julio. La intención del Ejecutivo era que la encuesta recogiera lo ocurrido en el debate sobre el estado de la nación, celebrado los días 14 y 15 de julio, pero Barreiro se negó porque lo habitual es que el estudio se realice en la primera semana de cada mes. La vicepresidenta ha acusado a Sáenz de Santamaría de mentir y ha asegurado que ella misma avisó tanto a la portavoz del PP como del resto de grupos parlamentarios por escrito de los motivos del despido de Barreiro.