José Cavero.- Urgen normas que favorezcan la creación de empleo

MADRID 11 Abr. (OTR/PRESS) -

Finalmente, el ambicionado "pacto de estado del palacete de Zurbano" ha salido adelante, pero en forma de un modesto paquete de medidas que bien pudieran encajar, por ejemplo, en las conclusiones de un debate sobre el estado de la Nación, o un debate presupuestario. O como normas coyunturales para un nuevo período fiscal. En total, el consejo de ministros aprobó este viernes 31 de las 54 medidas anticrisis que el Gobierno había llegado a plantear en la Comisión de Zurbano, tras otras cuatro ya aprobadas el 30 de marzo. El resto de acuerdos de Zurbano no necesitan instrumento normativo y otros asuntos, como la política industrial y energía, serán fruto de una nueva negociación. En todo caso, aspira el Gobierno a que estas medidas generen actividad y empleo. Lo antes posible.

Por virtud de una de las normas "estrella", el Gobierno ha querido reforzar aún más su apuesta por la rehabilitación de viviendas como revulsivo para crear puestos de trabajo, tras el pinchazo inmobiliario. La práctica totalidad de los contribuyentes, el 95%, podrá deducirse en el IRPF hasta el 10% del coste de las obras de mejoras realizadas en su vivienda habitual hasta el 31 de diciembre de 2012. El documento definitivo de la llamada Comisión de Zurbano, formada por los partidos políticos para pactar medidas de reactivación económica, ha elevado hasta los 53.007 euros la renta máxima anual de aquellos ciudadanos que pueden acogerse a la ayuda fiscal. La deducción alcanzará el 10% del coste para rentas inferiores a los 33.007 euros, con un límite de 4.000 euros anuales por vivienda, y decrecerá progresivamente para aquellos hasta los 53.007. Podrán deducirse las cantidades excedentes a lo largo de los cuatro ejercicios siguientes con el mismo límite anual y un máximo de 12.000 euros. Más condiciones. Ninguna de estas reformas podrá pagarse en efectivo si el contribuyente quiere beneficiarse de la ayuda fiscal, con el fin de combatir la economía sumergida y evitar la emisión de facturas falsas. Además, se fijará el tipo reducido del IVA (del 8% a partir de julio) que pagan fontaneros y carpinteros, entre otros, para las reformas. Hasta ahora pagaban el 16%.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, reiteró el cálculo inicial del Gobierno: este esfuerzo por la rehabilitación se traducirá en la creación de 350.000 empleos. Pero también cifró la factura para las arcas públicas: con los incentivos a la rehabilitación se dejarán de recaudar 1.400 millones de euros. Si se añaden otras medidas fiscales, el coste asciende a 1.600 millones. Hay otra serie de medidas que convendrá tener en consideración, y a ser posible, aprovechar en los meses venideros:

- Transporte al trabajo. Quedará exento en el IRPF del trabajador el coste del transporte colectivo de los centros de trabajo que pagan las empresas, con el límite de 1.500 euros anuales. - Menos IVA en dependencia. Todos los servicios relacionados con la dependencia pagarán el IVA superreducido (4%). - Freno a los embargos para los más desfavorecidos. El decreto eleva el umbral de inembargabilidad establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en caso de impago de la hipoteca de la vivienda habitual. Este umbral estaba fijado en el salario mínimo interprofesional (633,3 euros) y ahora se eleva un 10%. Además, se incrementa en un 20% adicional por cada miembro del núcleo familiar sin ingresos. - Orden en las 'fusiones virtuales' de entidades financieras. Las entidades financieras que opten por aliarse mediante un sistema institucional de protección (SIP), una fórmula alternativa a la fusión que permite compartir riesgos y solvencia, deberán permanecer al menos 10 años. El objetivo que persigue el Gobierno es que los SIP resulten lo más estables posible, difíciles de revertir, y favorezcan una futura fusión, según fuentes del sector. Cada alianza deberá contar con una entidad central con personalidad jurídica, que puede ser de nueva creación o uno de los integrantes del SIP, pero fuentes de Economía ven difícil que pueda ser una caja de ahorros. La entidad se adherirá al fondo de garantía de depósitos. Las SIP deberán mutualizar al menos un 40% de sus beneficios y comprometer para su solvencia la misma proporción de recursos propios. Los pactos no conllevan ningún cambio de trato fiscal.

Además, se reducen de los plazos asociados al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como los plazos para actuar sobre entidades viables con dificultades (de un mes a 10 días), y el periodo de tiempo para que Salgado se pronuncie sobre las memorias económicas (de 10 a cinco días) de las operaciones. Respecto a las cuotas participativas suscritas por el Fondo, computarán como "capital de la máxima categoría" y no resultará obligatoria la cotización en mercados secundarios. Además, se reduce el número de informes sobre emisiones participativas de las cajas.

Uno de los problemas que no ha caído de la boca de los pequeños y medianos empresarios españoles es la sequía de crédito. La falta de riego para hacer funcionar sus negocios. Es la otra norma estrella de este paquete de medidas, mediante la cual, el ICO, Instituto de Crédito Oficial, comenzará a otorgar préstamos directos a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos de hasta 200.000 euros y asumiendo el 100% del riesgo. Los créditos se comercializarán a través de la red de una entidad financiera que será seleccionada por concurso público. Además, el Consejo de Ministros acordó que el ICO mejore la línea ICO-liquidez y amplíe el apoyo financiero a promotores de viviendas de protección oficial cuando éstas se destinen a la venta. Las medidas referentes al ICO se han aprobado mediante el acuerdo del Consejo de Ministros, mientras que la mayor parte del resto aprobado vieron la luz dentro del decreto ley. Dentro del decreto ley, otra medida del Gobierno para aliviar la situación financiera de las empresas consiste en flexibilizar los requisitos para recuperar el IVA en el caso de impago de facturas, y acortar el plazo de un año a seis meses. Otro alivio fiscal para las empresas es la prórroga de la libertad de amortización para 2011 y 2012, por la cual podrán deducirse el 100% del valor de compra de una adquisición el primer año y no a lo largo de la vida útil del activo adquirido. Por otra parte, las empresas que facturen menos de ocho millones de euros ya no tendrán obligación de documentar cada operación vinculada (con sociedades participadas), si su valor es inferior a los 100.000, salvo que esta transacción se realice en un paraíso fiscal. Además, las empresas en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) que hayan llegado a un convenio con sus acreedores (y, por tanto, son viables) o si han acudido al concurso de forma voluntaria y sean operativas podrán mantener los contratos con la Administración pública o recobrar el aval si no garantizan su ejecución. Podrán seguir beneficiándose de subvenciones.

Todas estas normas, las 31 de ahora, las cuatro anteriormente aprobadas el 30 de marzo, los planes para el vehículo eléctrico y los 17.000 millones del plan de Infraestructuras, tienen todas un mismo propósito y objetivo: crear empleo cuando antes y dejar atrás de una vez la recesión.