Rafael Torres.- Al margen.- Hampa y política.

MADRID 30 Mar. (OTR/PRESS) -

La Ley de Partidos, creada específicamente para la ilegalización de Batasuna en cualquiera de sus modalidades y denominaciones, perseguiría también, en teoría, a aquellas organizaciones políticas que, en la práctica, causen daños y estragos a la sociedad. Siendo ésto así, ¿cómo es que no se le ha ocurrido a Rubalcaba, tan inclinado a afinar la dicha Ley para hacerla más eficaz, la posibilidad de ilegalizar también a aquellos partidos en cuyo seno se descubran abundantes y recurrentes casos de corrupción? Se trataría de hacer responsables a los partidos, como no puede ser de otra manera, de las prácticas delictivas de quienes los componen, pues la comisión de esos delitos de corrupción sólo es posible al amparo de las siglas en cuyas listas obtuvieron los cargos desde los que prevaricar, estafar, malversar y llevarse crudo y calentito.

Es cierto que si la Ley de Partidos se adecuara a las circunstancias generales, y no sólo a la particular de Batasuna, tanto el PP como el PSOE correrían un grave e inminente riesgo de ser ilegalizados, pero ¿qué razón habría para que a lo más granado del hampa nacional se le siga permitiendo campar a sus anchas mediante el sencillo procedimiento de actuar bajo el paraguas patrocinador y protector de un partido político?

Al hampa se le entiende, pues si los partidos políticos tienen las llaves de todas las cajas, boba sería si no accediera a ellas por esa cómoda escala, pero a quien no se entiende es a quienes deberían protegernos de ella, si bien el hecho de que pertenecen a los mismos partidos ayudaría a disipar algunas dudas al respecto. ¿Ley de Partidos? Sí. Es decir: ilegalización de aquellos que permiten que florezcan en su seno tantísimos tipos fuera de la ley.