MADRID 26 Mar. (OTR/PRESS) -
Quiero pensar, prefiero pensar que cuando los consejeros de Economía de las comunidades autónomas gobernadas por el PP expresaron su convicción de que había que rebajar las ayudas a la Ley de la Dependencia no estaban pensando en nadie en particular, sólo en que les cuadren los balances a fin de año, porque si fuera por cualquier otra razón -electoralista por ejemplo-, no merecerían desempeñar un puesto público, cuyo sueldo quiero recordarles pagamos todos los contribuyentes y no sólo su partido. Es un razonamiento tan simple que cuando se lo oí a Maria, 92 años, viuda desde hace cinco, dependiente, sentí que no se me hubiera ocurrido antes a mí.
Qué fácil es hacer demagogia con el dolor y las necesidades de los más débiles. Qué fácil es recomendar que se aprieten el cinturón quienes menos tienen cuando a fin de mes cobras un sueldo que puede cubrir todas tus necesidades, qué fácil cuando no es tu madre o tu hijo el que necesita los cuidados de los servicios sociales incluso para levantarse de la cama, y no digamos ya para asearse o prepararse la comida.
Pero si indignación me produjo la anterior propuesta, mucha más siento después de leer el despilfarro de Jaume Matas durante el tiempo que estuvo al frente de la presidencia de la comunidad balea, al que, por cierto, ninguno de sus antiguos compañeros ha criticado como se merece una acción de ese tipo, quizás por miedo o por esa absurda solidaridad de los políticos con los que delinquen, siempre y cuando sean de los suyos y no del partido contrario, con los que roban, con los que utilizan el dinero público en su propio beneficio en vez de invertirlo en hacer más llevadera la vida de quienes no tienen una organización política, empresarial o religiosa detrás.
Que el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid proponga ralentizar el pago de la Ley de Dependencia es una proposición indecente si tenemos en cuenta que Gallardon se ha gastado nada más y nada menos que 509 millones de euros en la remodelación del Palacio de Cibeles, en plena crisis y sin necesidad alguna, ya que si de algo está sobrado Madrid es de edificios públicos, que se podrían utilizar, al menos hasta que pase una crisis que por lo que parece padecemos todos menos algunos elegidos, como Camp, Matas o los del caso Gürtel.
Gastarse en cinco años cuatro millones de euros -la mayoría en billetes de 500 euros de origen desconocido-, como hizo Matas, debería ser motivo suficiente para que algunos cuenten hasta diez antes de hacer propuestas deshonestas como rebajar los servicios sociales a quienes más los necesitan.