MADRID 13 Nov. (OTR/PRESS) -
Es muy buena noticia ver juntos al Gobierno y al principal partido de la oposición en la guerra contra los desahucios. "Donde sobra un millón de pisos no tiene sentido que haya desahucios", le oí decir hace unos días a un ministro. Habida cuenta de que el PSOE, a su vez, ya había presentado una proposición de ley, elaborada con el concurso de expertos y afectados, es cosa de celebrar el hecho de que los dos partidos de la centralidad, que ostentan la representación política de un 80% de la ciudadanía, aproximadamente, hayan recogido un sentir social muy adverso a los desalojos de viviendas por falta de pago. Sobre todo cuando afectan a las capas sociales más vulnerables frente a los efectos de la crisis económica. Uno de ellos es precisamente este de los desahucios. Y otro es el paro.
A la espera de saber exactamente qué tipo de reformas legales se derivan del encuentro de expertos del Gobierno y del PSOE, vale la pena reparar en el impresionante movimiento de opinión pública que se ha producido en los últimos días a favor de frenar un drama social que afecta a unas 650.000 familias. Las 400.000 ya desahuciadas desde el principio de la crisis y las 250.000 familias apercibidas de desahucio.
Esta reciente movilización de las conciencias se ha disparado a raíz de los dos suicidios, uno en Granada y otro en Baracaldo, de dos personas que prefirieron perder la vida antes de perder la dignidad en el momento que se iba a producir el desalojo de sus respectivas viviendas. Esas muertes han producido un apremiante clamor de solidaridad con los afectados por lo que los propios jueces encargados de ejecutar las hipotecas impagadas han calificado de "lacra social".
No solo los jueces. También los policías, que ahora reclaman su derecho a la objeción de conciencia cuando tengan que participar en una operación de desahucio. Y la clase política, como queda dicho por el repentino interés que se han tomado el Gobierno y el PSOE. Hay que suponer que también están interesados los bancos. De hecho ya vienen haciendo lo posible y lo imposible para negociar con el moroso cualquier fórmula que a ellos, los bancos, no les haga seguir creciendo como las grandes sociedades inmobiliarias que ahora son por culpa del pinchazo de la famosa burbuja inmobiliaria.
Pero el verdadero mérito de la cruzada política y ciudadana contra los desahucios hay que atribuírselo a las personas anónimas que, organizadas en torno a las asociaciones vecinales y el movimiento de los indignados, actuaron cientos de veces como escudos humanos entre las familias afectadas y las comisiones ejecutoras del desahucio. A un lado, los hombres de negro. Al otro, ciudadanos que aún conocen el significado de la solidaridad. Si ahora cae la barricada y se suman a esa causa el juez, el policía, el gobernante, los políticos, los banqueros y los medios de comunicación, habrá que tomarlo con una reaparición de brotes verdes en la conciencia solidaria de los españoles. La sociedad no está tan anestesiada como parecía.