MADRID, 14 Mar. (OTR/PRESS) -
Cada día tenemos un punto de inflexión en la crisis del coronavirus. El último, una decisión del Gobierno de la vecina Portugal, hermanada a España. No solo por la geografía y por la historia. También por el azote del coronavirus. Acabamos de saber que el Ejecutivo luso ha declarado el estado de alarma en todo su territorio.
A efectos prácticos no se diferencia demasiado del "estado de emergencia" decretado por el lendakari Urkullu en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tampoco anda lejos de los resortes legales que permiten a Donald Trump prohibir todos los vuelos procedentes de Europa, donde el total de afectados (con Italia y España, en cabeza) va camino de los 25.000.
Aquí llevamos unos días especulando sobre la posibilidad de que el Gobierno de coalición tome una medida similar. Consiste en suspender el ejercicio de ciertos derechos individuales, como la libre circulación o la propiedad privada (requisas o confiscaciones temporales), exigidos por la crisis sanitaria y económica que ha dejado a España en cuarentena.
Esa decisión u otra similar, al amparo del artículo 86 de la Constitución, que permite el uso del decreto-ley por razones de "extraordinaria y urgente necesidad", se puede producir en nuestro país en cualquier momento. Una especia de estado de guerra contra el enemigo público número uno.
Lo complicado es enfrentarse a un insidioso enemigo que no da la cara, porque juega al despiste con los que saben y siembra el pánico entre los que no sabemos. Un enemigo casi imbatible si cuenta con el siniestro quintacolumnismo del pánico, como en la evocadora fábula de "el labriego y la peste", que estos días corre en terapéutico desparrame por las redes sociales (la peste mató a quinientos y el miedo mató a mil más).
El estado de alarma tiene por objeto "restablecer la normalidad". Por tanto, hemos de preguntarnos si está en la mano del Gobierno Sánchez-Iglesias responder a esa tarea, recuperar la normalidad, que es la previsión legalmente reglada. El supuesto de base es una doble y grave alteración de la normalidad. La sanitaria y la económica. Las dos están asediadas. Una, por la peste. Otra, por el miedo. Y aquí nos preguntamos si está en las manos del Gobierno volver al estado de confort que nos anestesiaba hace apenas mes y medio.
La remada conjunta supone contar con el conocimiento y la experiencia de los expertos, pero también con el liderazgo del gobernante. El experto, contra el Covid-19. El líder, contra el miedo al Covid-19. En este punto cunde la impresión de que la actuación del Gobierno ha sido tardía e insuficiente, tal y como lo ha verbalizado Pablo Casado, líder del principal grupo de la oposición.
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