Antonio Casado.- De políticos y jueces

MADRID 15 Oct. (OTR/PRESS) -

En medio de un ambiente político "bronco e irrespirable", en acertadas palabras de la vicepresidenta Nadia Calviño, nada mejor que remitirse a unas declaraciones del diputado Jaume Asens, dirigente del podemismo catalán, para entender el trasfondo de la proposición de ley, ya ingresada en el telar parlamentario, que pretende cambiar el modo de elegir en las Cortes Generales a doce vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tal cual: "El golpismo constitucional del PP en la cúpula judicial tienen los días contados".

Esas palabras nos ofrecen dos pistas de rastreo en el seguimiento de la desquiciada política nacional. Por un lado, el calibre de la acusación nos pone al tanto de la agresividad que se despacha en las relaciones entre partidos. Por otro, recuerda que la mencionada iniciativa reformadora de la ley del Poder Judicial, suscitada por la paralizante negativa del PP a consensuar la renovación del CGPJ, está apadrinada por el sector del Gobierno encabezado por el vicepresidente Iglesias Turrión.

Es verdad que la proposición va firmada también por el PSOE, pero el componente socialista del Gobierno está dividido respecto a la idea de cambiar sobre la marcha las reglas del juego. Entre otras, la que obliga a las dos grandes fuerzas de la centralidad a entenderse. De ahí la mayoría cualificada de tres quintos de cada Cámara para el nombramiento de los vocales. En el Congreso, al menos 210 diputados, no los 176 (mayoría absoluta) que serían suficientes si la reforma prosperase frente al principal grupo de la oposición parlamentaria y la disconformidad profesional de tres de las cuatro asociaciones judiciales.

El hecho de que una parte del Gobierno no comparta el espíritu y la letra de la reforma, por la vía de urgencia (¿a qué vienen las prisas en la renovación de un órgano con dos años de interinidad a las espaldas?), nos permite mantener aún la esperanza de que la iniciativa solo pretenda redoblar la presión sobre el PP para que se atenga a cumplir el mandato constitucional de la renovación del CGPJ. Para que se siente de una vez por todas y se entienda con el PSOE en el nombramiento de los veinte vocales, diez en el Congreso y die en el Senado.

De no ser así, estaríamos ante un sobrevenido e interesado cambio de las reglas del juego según el minuto y resultado de la lucha por el poder. Con la agravante de que, al ser matemáticamente decisivos en la nueva mayoría requerida para los nombramientos (equivalente a la que otorgó la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno), se estaría dando entrada en el poder judicial a partidos-escolta de confesada desafección al régimen del 78.

Sólo eso nos faltaba por oír. Que Jaume Asens, portavoz de UP-IU en el Congreso y declarado objetor del régimen del 78, cargase contra el "golpismo constitucional del PP".