Cayetano González.- El plan Cospedal.

MADRID 2 Sep. (OTR/PRESS) -

La nueva presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, aprovechó el simbolismo que tiene el último día de agosto, como para dejar claro que no quería perder ya ni un minuto, para anunciar a propios y extraños un duro y exigente plan de ajuste de las cuentas públicas de su Comunidad que supondrá un recorte del 20 por ciento del gasto público, o lo que es lo mismo, un ahorro de 1.815 millones de euros en el presupuesto del próximo año.

El plan contiene medidas tan llenas de sentido común en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, como la supresión de organismos y fundaciones públicas -por ejemplo, el Defensor del Pueblo-, la reducción del número de liberado sindicales; la suspensión temporal de la ejecución de obras nuevas en infraestructuras; la venta de edificios públicos y de coches oficiales; el recorte de las subvenciones a empresas públicas, privadas y particulares; el control de los complementos de productividad por objetivos. Y todo esto lo hará la presidenta de Castilla-La Mancha sin reducir ni un euro en los servicios sociales fundamentales -educación y sanidad- y sin subir los impuestos.

Como todo el mundo sabe, María Dolores de Cospedal es, además de presidenta de su Comunidad, la secretaria general del PP; es decir, la "número dos" de Rajoy. Por lo que no es muy aventurado predecir que su anuncio del miércoles es un preludio de lo que tanto su partido como su líder piensan hacer si tras las elecciones del próximo 20 de noviembre llegan a la Moncloa. Rajoy, tan poco dado a detallar y concretar el plan de ajuste que aplicaría si dentro de unos meses es presidente del Gobierno, quizás haya preferido que sea su mano derecha la que lo haya hecho en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha que ha estado gobernada por el PSOE durante los últimos treinta años.

Los sucesivos agujeros que los nuevos presidentes de las comunidades autónomas -pasa lo mismo en Extremadura- salidos de las elecciones del pasado 22 de mayo se van encontrando llevan a otra reflexión: ¿no sería conveniente y necesario tipificar como delito el despilfarro, el gastar más de lo que se ingresa del que han hecho gala algunos ex dirigentes políticos de comunidades autónomas? Porque eso trasciende lo que es simplemente el campo de la responsabilidad política y puede entrar en el terreno de lo penal. De esos polvos vienen estos lodos y, por ejemplo, el plan que pretende aplicar Cospedal supondrá que unos 10.000 castellano-manchegos se vayan al paro. Algo que resulta muy doloroso pero de lo que evidentemente no es responsable la nueva presidenta de la Comunidad sino los dirigentes políticos que le dejaron tan horrible herencia.