Francisco Muro de Iscar.- ¿Por qué no quieren regular los lobbies?

MADRID 18 Jun. (OTR/PRESS) -

Desde hace bastante más de un año, está en el Congreso el proyecto de ley de Transparencia e Integridad en la actividades de los grupos de interés, que ya decayó en la legislatura anterior y que, salvo milagro imposible, la legislatura terminará también sin que se apruebe. A los que mandan, sean del color que sean, les importa un bledo la integridad y la transparencia si los presuntos delincuentes son de los suyos. Los lobbies han existido siempre y en la mayoría de los casos, sobre todo en el pasado, han actuado de espaldas a la legalidad, pero son fundamentales para llevar al Gobierno y al Parlamento la voz de los sectores que van a ser regulados, muchas veces sin el conocimiento suficiente de la realidad y de las consecuencias de una ley. Hay un sector emergente dedicado a los asuntos públicos que está luchando por la profesionalización de esta actividad que puede ser muy positiva si está regulada, controlada y es transparente. El derecho a participar en la construcción de las políticas públicas no sólo es legítimo, sino necesario.

Pero cuando están en el poder a los políticos no les interesa que nadie les fiscalice ni les controle y cuando lo dejan lo que les mola es poder influir y hacer que el poder tome decisiones que beneficien sus intereses o los de sus clientes -lo que es más fácil si los que deciden son "los suyos"- sin que nadie se entere de que lo hacen. La transparencia es la enemiga de los lobbies "malos" y el camino más fácil hacia la corrupción de las Administraciones públicas y los partidos y un instrumento que pone de relieve casi siempre la debilidad de las instituciones. El "prestigio" de haber sido presidente o ministro y de tener en la agenda el teléfono de presidentes o ministros vale mucho dinero. Y algunos lo cobran incluso en joyas. Y en eso da igual que hablemos de ayuntamientos de comunidades autónomas, de empresas públicas, del Gobierno central o, incluso, de Gobiernos extranjeros. La única diferencia es que cuanto más arriba, más dinero en juego, más decisiones relevantes. Los pequeños lobbies se quedan en los ayuntamientos o en las autonomías. Pero no se equivoquen: allí también hay grandes negocios y mucho dinero. Otros, sobre todo si han sido ministros o presidentes del Gobierno, aspiran a más y tienen interlocución con los que escriben en el BOE -ese es el gran poder- y con los que presiden empresas públicas, casi siempre, y últimamente más, nombrados no por sus conocimientos o experiencia técnica sino por su fidelidad al poder y su disposición a ser complacientes con quienes les han nombrado.

Las puertas giratorias son, en este terreno, un campo abierto para la corrupción del sistema. Zapatero, Gaspar Zarrías, Ábalos, Koldo García, Leire Díez y otros conseguidores -pero no solo ellos, hay bastantes más, algunos también egresados del campo político socialista y popular- han navegado sin freno por las cloacas del sistema y han obtenido pingües beneficios sin control o, incluso impulsados desde el poder. El más opaco, poderoso e influyente ha sido sin duda, Zapatero. Lo escribí hace nueve meses.

Regular los lobbies no es sólo un asunto jurídico. Está en juego la transparencia y la protección de la democracia. Como dice Carmen Muñoz Jodar en su reciente libro "Geopolítica del lobby", "el debilitamiento de las instituciones lleva paso a paso a la ingobernabilidad, a la incapacidad para aprobar leyes básicas y a la obsolescencia regulatoria, a la corrupción sistemática de las normas constitucionales, a la arbitrariedad de los procesos políticos, a la imposibilidad de transformaciones estructurales necesarias, a debates falsos, impostados o superficiales y todo ello conduce a la desconfianza de todos en las instituciones con el riesgo que ello implica para la democracia y el Estado de Derecho". "No hay democracia sana, equilibrada y estable, añade Muñoz Jodar, sin interacciones entre el Estado y los grupos de interés". Pero está claro que hay que hacerlo con absoluta transparencia.

Urge regular los lobbies y hacerlo bien, porque el proyecto que está en el Congreso es deficiente. Entre otras cosas, deja el control y la fiscalización de las instituciones en manos del propio Gobierno y no de un poder realmente independiente, el régimen sancionador es débil, permite -como ha pasado ahora en instituciones clave como la Fiscalía General del Estado o la dirección general de la Guardia Civil- ocultar reuniones y ocultar la verdad a los ciudadanos. Sería importante que el Partido Popular se comprometiera a hacerlo con consenso y diálogo, si llega al poder. ¿Querrá?