José Cavero.- Los controladores, acusados de sedición.

Actualizado 31/12/2010 13:00:42 CET

MADRID, 31 Dic. (OTR/PRESS) -

Como muchos esperaban, la Fiscalía de Madrid ha remitido al Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Plaza de Castilla una denuncia contra los controladores aéreos por un presunto delito de sedición, tras el caos aéreo que se produjo los días 3 y 4 de diciembre, el puente-fin de semana de la Constitución, con la finalidad de que un juez les cite a declarar en el marco de unas diligencias penales. Así lo confirmaba el fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, quien ha adelantado que "intervendrán en las diligencias con todas las consecuencias". Además, Esteban ha señalado que nada más recaiga la denuncia en un juzgado concreto, pedirán que su titular tome declaración como imputados a los controladores que se negaron a declarar ante el fiscal. Cabe recordar que, hasta ahora, los controladores no han querido prestar declaración hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos interpuestos contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo. Los controladores no reconocían la competencia del fiscal para interrogarles, puesto que entienden que se les debe tomar declaración bajo la jurisdicción militar desde el momento en que pasaron a ser movilizados por la declaración del estado de alarma.

Las investigaciones del fiscal -el defensor de la legalidad-, están encaminadas a conocer cómo se coordinaron los controladores las horas antes de que anunciaran las bajas médicas masivas para alegar incapacidad de trabajar. El delito de sedición está castigado con penas de entre ocho y diez años de prisión, según el artículo 545 del Código Penal, para los que hubieren "inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores", y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. En el caso de que los imputados no sean los instigadores, "se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años", según precisa el segundo punto del artículo 545 del Código Penal.

La presidenta de la Agrupación de Demandantes afectados por el Cierres del Espacio Aéreo, Elena Fuente, considera un "paso positivo" la demanda presentada por la Fiscalía de Madrid contra los controladores aéreos ante los juzgados de Plaza Castilla. "Es un paso adelante por el buen camino de intentar responder al salvaje atropello que sufrieron mas de 600.000 ciudadanos con todo el peso de la ley", afirmó Fuente. La asociación está preparando una demanda colectiva contra los controladores y contra Aena para reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios provocados por el caos aéreo, bajo el asesoramiento del despacho Cremades & Calvo Sotelo. Por ello, la presidenta de la asociación pidió también a la Fiscalía que "tome urgentemente las medidas necesarias para que las víctimas sean resarcidas". Además, la asociación se personará como acusación particular en la causa que abran los juzgados a instancias de la Fiscalía.