Victoria Lafora.- Incontinencia verbal

Publicado 28/10/2018 8:01:15CET

MADRID, 28 Oct. (OTR/PRESS) -

La nueva generación de dirigentes políticos ha demostrado esta semana que las vísperas de una campaña electoral desata la necesidad de sobre actuación y provoca una verdadera epidemia de incontinencia verbal.

Pablo Casado superó en el Congreso de los Diputados el listón de la agresividad al acusar a Pedro Sánchez de ser cómplice del "golpe de Estado que se está produciendo en Cataluña". Y el Presidente rompió, en una pataleta impropia, relaciones con el principal partido de la oposición.

Pero Casado, exaltado por el aplauso de los suyos, ha seguido en la misma línea y ahora les acusa de ser el "Caballo de Troya" de los independentistas. Ignorando a un sector de su partido que ya le ha pedido, más de una vez, que deje esta desbocada carrera con Vox por el voto de la extrema derecha. Porque, al margen de la desconfianza general que suscitan los datos de la última encuesta del CIS en manos de Tezanos, los cierto es que ningún sondeo refleja una subida espectacular del PP. Luego no parece que el "asesoramiento de Aznar" les encamine a la recuperación del poder.

Mientras, los independentistas siguen "raca que raca", exigiendo al Gobierno que presione a la Fiscalía y a la abogacía del Estado para que sus líderes encarcelados se vayan de rositas, tras conculcar la Constitución y el Estatuto. Y convirtiendo la sentencia en un chantaje para el apoyo presupuestario.

Por eso es un error político que tanto Pedro Sánchez como la vicepresidenta Carmen Calvo hagan valoraciones al unísono sobre si lo sucedido hace un año, con la presunta declaración unilateral de independencia, fue rebelión o no.

La calificación del delito corresponde al poder judicial y si, dentro de unos días, la Fiscalía y la abogacía del Estado deciden calificar los hechos de sedición o de simple malversación, nadie va a interpretar que lo han hecho siguiendo criterios jurídicos, sino que se sospechará de la larga mano del Ejecutivo. Y será una paso más en el desprestigio de las instituciones del Estado y de la separación de poderes.

Por lo tanto, si como dijo ayer la portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros, no piensan mediar ni presionar a la abogacía del Estado, su valoración sobre si es rebelión o golpe de Estado carece de interés y daña la credibilidad de la futura sentencia.

Bastante daño se ha hecho a sí mismo el Tribunal Supremo, que debe juzgar a los políticos catalanes, con la inexplicable actuación en el tema de las hipotecas, donde siempre quedará la sospecha de que fueron los bancos los que forzaron esa inédita reunión del pleno de la Sala Tercera, tras hacerse pública una sentencia que les perjudicaba gravemente.

Porque, como ha dicho un portavoz de Jueces para la Democracia, si un gobierno tiene poder para cambiar una calificación también lo tendría para influir en una sentencia de casos de corrupción. Y no vendría mal recordar las maniobras del PP para colocar a jueces afines en las múltiples causas de corrupción, empezando por la Gürtel.

El PSOE debería haber aprendido la lección y saber, a estas alturas, que no entra dentro de sus competencias hacer calificaciones jurídicas.

OTR Press

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