ANDALUCÍA.-Sevilla.- La UNIA debate mañana sobre crisis e inmigración, incluyendo propuestas a la Ley de Extranjería

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra mañana las jornadas 'Extranjería, Derecho y Derechos' en colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz y la Fundación Sevilla Acoge, en la cual distintos expertos debatirán sobre las consecuencias de la crisis económica en las políticas migratorias y se presentarán propuestas alternativas para la modificación de la Ley de Extranjería.

En rueda de prensa, la vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UNIA, Carmen Mena, indicó que estas jornadas se enmarcan en el "compromiso ético" que tienen las universidades públicas a la hora de jugar un papel "más activo" en las cuestiones que preocupan a la sociedad y "pueden suponer un atentado contra los derechos humanos".

Así, apuntó que, en época de crisis económica, la globalización ha provocado que los flujos migratorios se intensifiquen y se produzca la emigración masiva de personas desde los países donde "se sufre hambre, pobreza y miseria", realidad que demanda un "compromiso" de las instituciones públicas.

Por ello, estas jornadas se presentan como un foro de reflexión en el que diferentes expertos debatirán y apoyaran políticas públicas "más comprometidas y responsables" en materia de inmigración, sin olvidar que "detrás de los planteamientos políticos y jurídicos hay rostros humanos".

Las jornadas serán clausuradas por el presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Javier de Lucas, quien planteará la cuestión '¿Por qué cambiar ahora la ley de Extranjería?: la emigración en tiempo de crisis' a las 19,00 horas en la sede de la UNIA.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, afirmó que los aspectos que han trascendido hasta el momento del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería son "bastante negativos" para la población inmigrante, entre ellos, el retorno voluntario o la limitación de la reagrupación familiar.

Chamizo recordó que la crisis económica actual "está afectando a toda la población, pero tiene especial incidencia en los colectivos más vulnerables, como mujeres, jóvenes, inmigrantes o familias con pocos recursos", apuntando que, en los últimos meses, la institución recibe "quejas diarias" de personas en riesgo de perder su vivienda.

Según el Defensor, la crisis afecta entre los inmigrantes tanto al colectivo documentado como indocumentado, ya que, los primeros se encuentran "preocupados" por el hecho de que se les terminen las prestaciones, mientras que los segundos "comienzan a padecer necesidades en los recursos más básicos, como la alimentación".

Además, lamentó la "culpabilización" que se ejerce desde algunos sectores respecto a la población inmigrante en las convocatorias públicas de empleo en las campañas agrícolas en Andalucía, recordando que en las mismas, los trabajadores nacionales "tiene prioridad" y los inmigrantes contratados en origen "acceden a labores que los españoles rechazan".

De este modo, pidió a la Administración que articule "medidas especiales para proteger el empleo no sólo del empleo español, sino también del de los inmigrantes", como, por ejemplo, que no se establezca como requisito seis meses de cotización para mantener su situación regular en el país.

Por otro lado, consideró que la mayoría de los inmigrantes regulares que se encuentran en España no se acogen al retorno voluntario porque "no existen garantías de que cuando deseen regresar, una vez superada la crisis, no vuelvan a perderse en un laberinto de documentación", y, por otro lado, "no pueden acogerse al mismo los inmigrantes indocumentados, que quedan en tierra de nadie".

"ACOSO POLICIAL"

Asimismo, criticó que el "acoso policial" a los inmigrantes "continúa siendo preocupante", lamentando que los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) están "llenos de inmigrantes que esperan la expulsión de España", cuando esta medida "no resuelve nada, sino que empeora su situación".

El presidente de la Federación Sevilla Acoge, Omar el Hartiti, criticó que desde que se promulgó la primera Ley de Extranjería en 1985, la normativa "ha sufrido numerosas modificaciones", algunas de ellas "muy poco acertadas y que han perjudicado la integración del colectivo".

Así, indicó que la práctica totalidad de los cambios que ha sufrido la legislación en este sentido han sido siempre "ajenas a la realidad de los inmigrantes e impulsadas por criterios políticos o, como en este caso, económicos".

Según lamentó, este tipo de modificaciones "ya han tocado techo y han traspasado los límites de los derechos humanos", por lo que manifestó que "es necesario reflexionar e intentar introducir cambios que incidan en una línea más social y humana".

"Más de tres millones de inmigrantes en España soportan una situación de control y restricción que no los deja vivir tranquilos, siempre pendientes de las modificaciones de la Ley", criticó y afirmó que el margen de intervención de las organizaciones sociales "es muy estrecho", lo que obliga a las ONG "a contar con la ayuda de equipos jurídicos para llevar a cabo la más mínima intervención".