CATALUNYA.-Bolonia.- La UAB dice que la propuesta de expulsión de estudiantes no tiene motivación ideológica y se abre a dialogar

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) aseguró hoy que las propuestas de expulsión de 28 estudiantes de 1 a 11 años por las protestas violentas contra el Plan Bolonia en primavera no tienen motivación ideológica y se mostró dispuesto a dialogar con los afectados antes de tomar una decisión firme.

En un comunicado, la universidad aseguró que los expedientes se abrieron por "las conductas violentas de un grupo de estudiantes, no por las ideas y motivaciones que las provocaron". En este sentido, afirmó que "la expresión de opiniones ha de realizarse sin necesidad de recurrir a la fuerza ni impedir el funcionamiento de los órganos de gobierno, de los cuales, además, forman parte algunos de los cuales las expresan".

La propuesta de sanción fue conocida ayer por los estudiantes afectados y su abogado, según explicaron a Europa Press algunos de los expedientados. Ahora tienen cinco días para presentar alegaciones y posteriormente pueden presentar un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados.

En concreto, de los 33 expedientes abiertos a 31 estudiantes --dos de ellos tenían dos expedientes-- se ha propuesto sancionar a 28 estudiantes, mientras que se propone el archivo de los expedientes a tres estudiantes porque no se ha acreditado su presencia en los incidentes.

Para los 28 restantes se proponen sanciones en su mayoría de uno a dos años, aunque varios de ellos se podrían enfrentar a expulsiones de cinco, siete y hasta 11 años en total, según explicaron fuentes estudiantiles y de la universidad a Europa Press.

Los expedientes han sido instruidos por dos profesores de la universidad "de reconocido prestigio profesional y social que no presenciaron los hechos" y su tramitación se ha hecho con "todas las garantías procedimentales, incluida la representación de un abogado por voluntad de las personas interesadas".

Las propuestas de sanción han sido elevadas al rector, Lluís Ferrer. Éste tiene que firmarlas, pero sólo podrá hacerlo con los referidos al incidente del 18 de abril en el Rectorado, mientras que en los de la Facultad de Letras y el Rectorado el 29 y 30 de mayo, que son la mayoría, no podrá confirmarlos ya que fue testigo y declaró como tal a petición de la defensa.

En este caso, Ferrer ha delegado su función en la vicerrectora de Ordenación Académica, Dolors Riba, y no en la catedrática Ana Ripoll, como habían dicho los estudiantes, que es candidata a rectora en las elecciones del 15 de diciembre.

DIÁLOGO

El rector también ha expresado su voluntad de hablar con los afectados o sus representantes antes de tomar la decisión final sobre las sanciones.

Los universitarios consideran que las sanciones tienen carácter "político" y van dirigidas a "miembros del movimiento estudiantil, en especial representantes de los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad".

También critican el momento de resolución de los expedientes, cuando "cada vez más facultades son ocupadas por los estudiantes, con una clara intencionalidad de intimidar al movimiento estudiantil".

Niegan que la universidad haya tenido voluntad de investigar los hechos que causaron las protestas ni ha "velado por la reparación física y moral de los estudiantes heridos en la carga de los Mossos el 4 de marzo" en la Facultad de Letras, que ha sido reclamada por "departamentos, profesores individuales, asambleas de trabajadores de la universidad y sindicatos laborales de diferentes facultades".

De hecho, estos expedientes han reforzado la voluntad de lucha de los estudiantes, que han reafirmado su voluntad de seguir ocupando facultades en contra del Plan Bolonia.

VARIOS INCIDENTES

El 4 de marzo los Mossos d'Esquadra desalojaron por la fuerza a una cincuentena de universitarios encerrados en la Facultad de Letras en contra del Plan Bolonia. La carga policial enojó a los estudiantes, y el 18 de abril una veintena de ellos bloquearon el acceso al Rectorado para impedir la celebración del Consejo de Gobierno e incluso llegaron a entrar de forma "ilícita" en el despacho del rector.

El 29 de mayo se ocupó el Decanato de Letras y se obstruyó la salida del coche de la decana, Helena Estalella, del aparcamiento, mientras que al día siguiente se volvió a ocupar el Decanato, se entró en el despacho de Estalella, e incluso, dice la universidad, se accedió a información de su ordenador. Los estudiantes también accedieron de forma violenta al Rectorado para impedir la reunión de la Junta Permanente de Letras y agredieron a vigilantes de seguridad.