El Defensor del Pueblo asegura que no existe ninguna previsión de cierres de centros de educación especial en España

La institución dirigida por Fernández Marugán insiste en que las becas al estudio se ingresen antes del comienzo de curso

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo considera "necesaria" una "revisión de la normativa vigente" para fomentar la educación inclusiva en España, sobre todo en las enseñanzas no obligatorias, donde el porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales no llega al 5%, algo que califica como una tasa "desalentadora", y señala que no existe ninguna previsión de cierres de centros de educación especial en España.

"Por este motivo, el Defensor considera que la atención de estos alumnos en las enseñanzas no obligatorias debe contemplar una serie de medidas de acción positivas para evitar situaciones de discriminación y, por tanto, conseguir una verdadera igualdad de oportunidades", expone el Informe Anual de la institución dirigida en funciones por Francisco Fernández Marugán, relativo a 2019 y publicado este miércoles.

En el informe, el Defensor del Pueblo asegura que "en ninguna de las administraciones consultadas existe la previsión de ampliar el número de centros de educación especial, aunque tampoco se plantea su supresión". Fernández Marugán reclama que "el sistema educativo esté adaptado al modelo de educación inclusiva", y considera que "educar en igualdad y la equidad en el acceso a la educación" deben ser una prioridad para las administraciones.

También detalla que algunas comunidades "han previsto la conversión de estos centros específicos en centros de recursos especializados destinados a prestar apoyo y asesoramiento a los centros ordinarios", mientras otras "están llevando a cabo experiencias destinadas a crear centros educativos inclusivos en los que conviven alumnos sin discapacidad y con discapacidad procedentes de centros de educación especial".

"En líneas generales, todas las administraciones autonómicas destacan el significativo incremento de los recursos personales y materiales que vienen destinando a atender al alumnado con discapacidad, así como del número de aulas especializadas en entornos educativos ordinarios, en las que son escolarizados alumnos que antes eran derivados a centros de educación especial", añade el informe anual de la institución.

Además, Fernández Marugán estima necesario, para "lograr la más rápida y eficaz integración social" de las personas con discapacidad en las enseñanzas universitarias, que todos los órganos y autoridades contribuyan "no solo al mantenimiento y mejora de los mecanismos asistenciales que puedan precisar los afectados en su condición de estudiantes universitarios, sino también los recursos económicos que se requieran para ello".

BECAS ANTES DE COMENZAR EL CURSO

En el ámbito educativo, el Defensor del Pueblo enumera las deficiencias en las instalaciones, las dificultades para acceder a un determinado centro escolar, los problemas para obtener becas y ayudas y la prestación de servicios complementarios, como el transporte o el comedor, entre los asuntos que centran la mayoría de quejas de madres y padres que recibió la institución durante 2019.

"En este curso, también se han tramitado expedientes por problemas de escolarización en edades tempranas y dificultades para acceder a los libros de texto en algunas comunidades autónomas", indica el informe la institución, que ha pedido a las administraciones competentes un incremento de las inversiones para la mejora y mantenimiento de las instalaciones escolares.

Además, el Defensor del Pueblo considera "imprescindible" un sistema de becas y ayudas al estudio "sólido y eficiente" para evitar que las condiciones personales, culturales, económicas y sociales condicionen el acceso a la educación.

En ese sentido, la institución recuerda que lleva años insistiendo en la necesidad de que la concesión y el ingreso de las becas se produzcan con carácter previo al inicio del curso o de los estudios para los que esté destinada la ayuda, algo que reclaman estudiantes y familias, que en la mayoría de los casos deben esperar varios meses para recibir el importe de estas ayudas.

En lo que se refiere a la Formación Profesional, el Defensor considera que es necesario reforzar, modernizar y flexibilizar estas enseñanzas y aumentar la oferta, tanto de ciclos formativos como de número de plazas. Además, precisa en el informe, "se siguen manteniendo abiertas actuaciones relativas a la retirada de amianto" en centros escolares de Cataluña, Madrid y la Región de Murcia.