La escuela concertada acusa a la ministra Celaá de "aprovechar" la pandemia para "acelerar" su reforma educativa

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Patronales, sindicatos y familias de la escuela concertada acusan a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, de "aprovechar" la pandemia del coronavirus para "acelerar" su reforma educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), y exigen al Gobierno que paralice su trámite parlamentario hasta que se levante el estado alarma.

El proyecto de la LOMLOE fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, la semana anterior al decreto de estado de alarma, y se encuentra actualmente en trámite parlamentario, donde ha agotado el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad después de haber sido prolongado varias semanas por la interrupción de la actividad parlamentaria.

Tanto Partido Popular como Vox y Ciudadanos pidieron al Congreso la devolución del texto al Gobierno dentro de ese plazo, pero el PP reclamó la semana pasada en la Mesa del Congreso una nueva ampliación del calendario para presentar enmiendas a la totalidad, algo a lo que se opuso el PSOE, aseguran desde la patronal Escuelas Católicas a Europa Press.

Escuelas Católicas es una de las organizaciones que forman la plataforma Concertados, integrada por colectivos representativos de estos centros de titularidad privada pero financiados con fondos públicos, y que este lunes ha pedido al Gobierno la paralización de la ley, que llevaba más de un año esperando para entrar en el Congreso y pretende derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada en 2013 por el PP.

En un comunicado, la plataforma Concertados advierte que si el Ejecutivo no detiene el proyecto de ley "va a ser difícil continuar por las vías del diálogo y de la colaboración", porque considera su tramitación "un ejercicio de autoritarismo sin precedentes" en la situación "excepcional" actual.

Además de Escuelas Católicas, la plataforma está integrada por Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) y los sindicatos FSIE y USO.

"No es comprensible que el Ministerio de Educación trate de aprovechar una situación como esta para acelerar la tramitación de la LOMLOE, sustrayendo a la comunidad educativa el sano y democrático debate que debe preceder a la aprobación de toda ley", exponen en el comunicado, que llega un día antes de que la Mesa del Congreso estudie si ampliar el plazo para la presentación de enmiendas al articulado de la ley, que finaliza el próximo 29 de abril.

Estas organizaciones de la escuela concertada afirman que la 'ley Celaá', como también se conoce a la reforma educativa, "no goza de consenso en la comunidad educativa". Entienden, además, que su tramitación durante el estado de alarma evitaría "posibles actuaciones públicas contrarias de una parte importante de la sociedad".

"Ni es el momento ni son las formas de proceder para aprobar una nueva Ley de Educación", añaden desde la plataforma Concertados, que solicita la inclusión de las "cuestiones educativas" en los pactos que busca el Gobierno con el resto de los grupos políticos para la reconstrucción social y económica tras la pandemia.

"Eso serviría para lograr una reforma consensuada, centrada en los problemas reales que tiene la enseñanza de este país y entonces, solo entonces, estaremos preparados para una ley educativa de todos y para todos", apostillan desde la plataforma.

QUEJAS DESDE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

Las críticas al Gobierno desde la concertada coincide con las de la plataforma 'Inclusiva Sí, Especial También', formada por personas con discapacidad intelectual, familias y docentes, que este pasado domingo publicaba un comunicado contra la tramitación de la reforma educativa, que rechazan al considerar que "va contra los colegios de Educación Especial".

Esta plataforma acusa a PSOE y Unidas Podemos, los partidos que forman el Ejecutivo de coalición, de valerse de la situación "dramática para miles de personas que están perdiendo sus seres queridos" para seguir tramitando esta reforma "a espaldas de la mayoría de la sociedad que desconoce lo que está pasando y no puede manifestarse democráticamente al respecto".

La plataforma se opone a la 'ley Celaá' porque "promueve la eliminación de los centros de Educación Espacial", afirma aludiendo a su disposición adicional cuarta sobre la "evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales".

Esta disposición establece que el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, "desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años" y de acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 "los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".

Este lunes, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha negado que la 'ley Celaá' promueva el cierre de estos centros, y asegura que "siempre ha defendido ambos modelos", tanto el inclusivo como el actual Educación Especial.

El sindicato UGT se ha sumado este lunes a las críticas al Gobierno por mantener "sin debate y negociación" esta disposición sobre los centros de Educación Especial en la 'ley Celaá'. "Cualquier cambio en el modelo actual debe ser negociado con la comunidad educativa, y en lo que respecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, con las organizaciones sindicales representativas del ámbito", recuerda el sindicato en un comunicado.