ONG ecologistas rechazan la reforma de la ley de Caza de Valencia por introducir una "práctica cruel" e "ilegal"

Actualizado: lunes, 3 agosto 2009 13:15

VALENCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife, Acció Ecologista-Agró, GER-Ecologistes en Acció y Gecen criticaron hoy la propuesta de reforma de la ley de Caza planteada por el PP que tiene por objeto modificar determinados artículos de la ley de Caza de la Comunitat Valenciana para incorporar el reconocimiento expreso del método del 'parany', y lamentaron que en la actualidad se siga contemplando la posibilidad de permitir una "práctica cruel con los animales y considerada como ilegal por los tribunales europeos y nacionales".

Las organizaciones ecologistas consideran, en un comunicado, que no existen evidencias que demuestren que el 'parany' no sea un método selectivo no masivo y señalaron que siguen sin entender la propuesta de reforma de la ley.

Por todo ello, SEO/BirdLife ha solicitado en una carta abierta a los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes que no apoyen esta propuesta de reforma, ya que no existen evidencias que demuestren que el 'parany' no sea un método selectivo no masivo, señalaron.

Las mismas fuentes señalaron que el 'parany' es una modalidad de caza "ilegal" practicada en algunas provincias del litoral mediterráneo. Se trata de un método de caza "masivo y no selectivo" que incumple tanto la normativa básica estatal como la normativa europea.

Esta práctica ha sido condenada por sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, del Tribunal Supremo y del Tribunal de Luxemburgo por incumplimiento de la Directiva 79/409/CEE, debido a su carácter masivo y no selectivo.

"A pesar de la pretensión del grupo popular de hacer compatible este método de caza con las normas de protección de la biodiversidad, en la actualidad no existen pruebas que demuestren que el 'parany' no capturará especies protegidas o no cinegéticas y que éstas quedarán intactas tras adherirse a los pegamentos utilizados para atrapar estas aves", indicaron las ONG.

Los ecologistas apuntaron que hasta ahora "no se puede demostrar la inocuidad de estos pegamentos para las aves, ni que puedan eliminarse por completo dejando a las aves intactas, independientemente de la voluntad del cazador de liberar o no al ave".

Además, "tal y como declara la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, la legalización de este método de caza no puede ajustarse a las excepciones establecidas como pequeñas cantidades en la Directiva 79/409/CEE, al no tratarse de un método de caza selectivo como exige el artículo 9, apartado 1, letra c) de la directiva".

A juicio de estas organizaciones, "resulta evidente que el número de zorzales capturados sobrepasa ampliamente el límite de pequeñas cantidades en la interpretación que hace el comité Ornis, organismo encargado de aplicar la Directiva de Aves, integrado por representantes de las administraciones de cada estado miembro de la Unión Europea".

Las asociaciones ecologistas sigue sin entender "por qué el Consell insiste en demostrar que se trata de un método selectivo cuando es conocido que el parany captura varios tipos de especies de paseriformes, algunos de ellos protegidos".

Indicaron que ya se ha puesto en conocimiento de la Comisión Europea la propuesta de reforma de la ley valenciana de Caza y remarcon que este órgano ha tomado la iniciativa de abrir un expediente de infracción contra el Estado español.

Estos últimos años, tras las condenas por los tribunales, el 'parany' "ha seguido practicándose de forma ilegal en la Comunitat Valenciana", indicaron las mismas fuentes. Un estudio realizado por Acció Ecologista-Agró, Gecen y GER, cuyo objetivo fue registrar el número de 'paranys' en funcionamiento, los hábitats utilizados, los tipos de reclamos y los 'paranys' sancionados durante los meses de septiembre a noviembre en 2007 y 2008 "demostró que el 81% de los paranys controlados continúan en activo, mientras que 19% ha dejado de cazar en los últimos años, detectándose así mismo otros paranys de nueva creación".

Este estudio demuestra que no disminuye el número de cazadores ilegales por la escasa intervención realizada para poner freno a esta práctica, según los ecologistas.