Unos 200 jóvenes pasarán al sistema penitenciario al cumplir los 18 años, tras la reforma de la Ley del Menor

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cerca de de 200 jóvenes serán trasladados de centros de menores a las cárceles ordinarias cuando cumplan los dieciocho años, según los cálculos del Ministerio de Justicia reflejados en la memoria económica del proyecto de reforma de la Ley del Menor, al que tuvo acceso Europa Press.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 20 el proyecto de reforma de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores para su tramitación parlamentaria. Una de las principales novedades que recoge la reforma es la posibilidad de que el juez decrete el paso al sistema penitenciario ordniario de los delincuentes juveniles cuando cumplan la mayoría de edad.

Según el Ministerio de Justicia, resulta muy difícil hacer un pronóstico de los menores que se verán afectados por esta decisión, pues la ley establece que el régimen ordinario es mantener en el centro a estos jóvenes salvo que el juez acuerde lo contrario, de manera individualizada y excepcional.

En todo caso, actualmente existen 407 jóvenes entre 18 y 21 años cumpliendo internamiento cerrado y el departamento de Juan Fernando López Aguilar estima que "pueden pasar al sistema penitenciario en torno a un 25 por ciento de los jóvenes".

"En total, esto significa que pueden pasar al sistema penitenciario cuando entre la ley en vigor algo menos de 200 jóvenes", destaca la memoria. Actualmente, hay internados en las cárceles españolas 2.129 jóvenes mayores de 18 y menores de 21 (que cometieron el delito siendo mayores de edad), por lo que Justicia desestima que se pueda producir un aumento de población penitenciaria juvenil significativo, ya que el incremento previsto resulta inferior al 10 por ciento del total actual.

Además, Justicia advierte de que Instituciones Penitenciarias cuenta ya con módulos de jóvenes en sus establecimientos, "con lo que las infraestructuras actualmente previstas para la ejecución de esta previsión legal deberían resultar suficientes".

En cualquier caso, este departamento considera que la estimación del 25 por ciento de los jóvenes entre 18 y 21 años que pasarán a un centro penitenciario "es un supuesto máximo que en la práctica no se alcanzará". El Ministerio cree que esta posibilidad actuará como un incentivo sobre el propio joven para que éste ajuste su conducta a los parámetros de reeducación" que inspira la reforma y evitar así que el juez ordene su paso a un centro penitenciario.

MAYORES DE 21

Respecto a la posibilidad de que los jóvenes pasen a un centro penitenciario al cumplir los 21 (mayoría de edad penal), el Ministerio recuerda que la reforma legal deja un margen de arbitrio al juez para eludir esta decisión si considera adecuado sustituir la medida por otra. En la actualidad solo hay 88 jóvenes mayores de 21 años internados en centros de menores.

Por otra parte, la memoria económica tampoco considera posible prever un incremento menores internados en centros por supuestos de delitos graves o cometidos por bandas juveniles, ni a cuántos considerará oportuno el juez imponer el régimen cerrado.

En conclusión, Justicia cree que la ampliación de supuestos en los que puede acordarse internamiento en régimen cerrado permite sostener que el incremento "va a ser muy exiguo conforme a la progresión actual de esta clase de delincuencia". En concreto, estima un incremento anual aproximado de 50 menores internados en el conjunto de las 17 comunidades autónomas, lo que representa un 6,9 por ciento.

PADRES DE LAS VÍCTIMAS

Por otra parte, padres y madres de víctimas de delitos graves cometidos por delincuentes juveniles han decidido concentrarse todos los miércoles ante el Congreso de los Diputados para reclamar un endurecimiento de las penas a los menores.

Esta semana se produjo una primera concentración con una decena de familiares de víctimas de delitos violentos, algunos de ellos pendientes de resolución policial y judicial.

Este colectivo, en el que destaca la madre de la madrileña Sandra Palo, ya promovió una recogida masiva de firmas contra la Ley del Menor, pero se queja de no haber sido consultado por el Gobierno en la redacción de la reforma.