Los 27 abogan por vetar deepfakes sexuales y aplazar límites a la IA de alto riesgo en simplificación de la ley UE

BRUSELAS, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete defenderán en la negociación para simplificar la regulación europea sobre Inteligencia Artificial (IA) prohibir las tecnologías generadoras de imágenes o voces de personas para material sexual no consentido o pedófilo; al tiempo que dan por buena la idea de Bruselas de retrasar la entrada en vigor de las restricciones a las categorías de "alto riesgo" pero con un calendario escalonado para los sistemas autónomos (diciembre de 2027) e integrados (agosto de 2028).

El mandato que fija su posición negociadora avala de manera general la propuesta de revisión que puso la Comisión Europea sobre la mesa el pasado noviembre, como parte del llamado 'Ómnibus digital', pero introduce enmiendas clave como ampliar las categorías prohibidas para incluir los 'deepfakes' sexuales --promovido por países como Francia y España-- o restablecer la obligación de que los proveedores registren los sistemas de IA en la base de datos de la UE para sistemas de alto riesgo que cumplan ciertos requisitos.

También restablece el criterio de "estricta necesidad" para el tratamiento de categorías especiales de datos personales a fin de garantizar la detección y corrección de sesgos.

Además, el texto pospone la fecha límite para el establecimiento de entornos de prueba regulatorios de IA por parte de las autoridades competentes a nivel nacional hasta el 2 de diciembre de 2027 y aclara las competencias de la oficina de IA para la supervisión de los sistemas basados en modelos de propósito general cuando el modelo y ese sistema son desarrollados por el mismo proveedor.

Para ello, los 27 plantean excepciones en las que las autoridades nacionales seguirán siendo competentes, como la gestión de fronteras, instituciones financieras, fuerzas de seguridad y autoridades judiciales.

Asimismo, las capitales introducen una nueva obligación para que la Comisión tenga que proporcionar orientación para ayudar a los operadores económicos de sistemas de IA de alto riesgo cubiertos por la legislación de armonización sectorial a cumplir con los requisitos de alto riesgo de la ley de IA de manera que se minimice la carga administrativa.

REFORMA DE UNA LEY QUE AÚN NO HA ENTRADO EN VIGOR PLENAMENTE

La Ley de Inteligencia Artificial fue acordada en diciembre de 2023 y algunas de sus disposiciones empezaron a aplicarse ya el verano siguiente, sin embargo, el grueso del marco regulador, incluidas las exigencias para tecnologías de alto riesgo y para los sistemas de generación como las plataformas ChatGPT o DALL-E, debían entrar en vigor en agosto de este 2026.

Sin embargo, con la justificación de adaptar el reglamento a la disponibilidad de las herramientas adecuadas para controlar su cumplimiento, Bruselas plantea el aplazamiento de los límites a las tecnologías de alto riesgo como parte de la reforma, que el Consejo (gobiernos) y Eurocámara empezarán a negociar previsiblemente en abril.

Entre los sistemas de IA de alto riesgo se incluyen la identificación biométrica y categorización de personas físicas --por ejemplo por su uso para la contratación de personal o evaluar si se concede un préstamo--, pero también los utilizados para la gestión de infraestructuras críticas, la asistencia legal o la gestión de la migración y asilo.

Tanto los sistemas de alto riesgo como la IA generativa deben someterse a criterios estrictos de transparencia, incluido advertir al potencial usuario de que el contenido al que accede ha sido generado con este tipo de tecnología y tomar medidas para evitar que sea utilizado para prácticas ilegales.

Además la revisión busca relajar los requisitos de documentación técnica que se exige a las pequeñas y medianas empresas (pymes), de modo que, según las cuentas de la Comisión Europea, estas empresas podrían ahorrar al menos 225 millones de euros al año.

También plantea reforzar las competencias de la Oficina de IA y centralizar la supervisión de los sistemas basados en modelos de IA de uso general, reduciendo la fragmentación de la gobernanza.

"La propuesta aportará mayor seguridad jurídica, hará que la normativa sea más proporcionada y garantizará una aplicación más armonizada en todos los Estados miembro", ha defendido la responsable de Asuntos Europeos en el Gobierno chipriota, Marilena Raouna, que este semestre ejerce la presidencia de turno del Consejo y coordina las negociaciones.