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BRUSELAS, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta legislativa para reforzar la protección de los consumidores en Internet, con medidas que incluyen la prohibición de las cajas de recompensa de pago en videojuegos para menores, nuevas restricciones a las suscripciones que se renuevan automáticamente sin el consentimiento de los usuarios y la eliminación de prácticas comerciales engañosas que buscan incentivar las compras.
La iniciativa, que deberá negociarse ahora entre la Eurocámara y los Estados miembro, se denomina Reglamento de Equidad Digital y pretende adaptar las normas europeas de protección de los consumidores al entorno digital y combatir prácticas como las falsas alertas de productos a punto de agotarse, los cargos ocultos en las compras por Internet o las funciones de las aplicaciones diseñadas para fomentar un uso excesivo o compulsivo.
Entre las principales novedades, el Ejecutivo comunitario plantea prohibir determinadas técnicas comerciales manipuladoras, conocidas como 'patrones oscuros', que buscan influir en las decisiones de los consumidores mediante mensajes engañosos o mecanismos de presión.
Entre ellas figuran los avisos falsos de que "solo queda una unidad" de un producto o que "otros cinco clientes están interesados", así como los mensajes que hacen sentir culpable al usuario por rechazar una oferta, como "nos entristece que te vayas", o la incorporación automática de artículos adicionales a la cesta de compra.
"Todos hemos experimentado al comprar por Internet falsas tácticas de urgencia, como las afirmaciones de que solo quedan cinco artículos", ha señalado durante una rueda de prensa la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, que ha defendido la necesidad de combatir estas prácticas que "distorsionan las decisiones de los consumidores y les presionan".
La propuesta también contempla nuevas obligaciones para las empresas que ofrecen suscripciones digitales, que deberán facilitar su cancelación mediante procedimientos sencillos, informar con claridad antes de las renovaciones automáticas y obtener el consentimiento expreso de los consumidores antes de convertir una prueba gratuita en un servicio de pago.
Con ello, la Comisión pretende acabar con las denominadas "trampas de suscripción", que permiten contratar fácilmente un servicio pero dificultan su cancelación.
"Los consumidores se suscriben a un servicio, pero descubren que resulta deliberadamente difícil cancelarlo", ha denunciado por su parte el comisario europeo de Protección de los Consumidores, Michael McGrath, quien ha subrayado que, con las nuevas normas, "la renovación automática será una elección consciente, no una obligación olvidada".
Asimismo, la Comisión quiere garantizar que los usuarios puedan desactivar determinadas funciones de diseño adictivo, como la reproducción automática de vídeos o las notificaciones que no estén directamente relacionadas con su actividad, con el objetivo de evitar que las aplicaciones fomenten un consumo excesivo o compulsivo.
RESTRICCIONES A LOS VIDEOJUEGOS Y A LA PUBLICIDAD DE INFLUENCERS
En el caso de los menores, la Comisión propone prohibir las cajas de recompensa de pago, conocidas como 'loot boxes', que permiten obtener premios virtuales aleatorios a cambio de dinero, así como los mecanismos que incentivan el gasto para ganar partidas o avanzar más rápidamente en los videojuegos, denominados 'pay-to-win' y 'pay-to-progress'.
Las nuevas normas también obligarán a las empresas a mostrar el valor real en euros de las monedas virtuales utilizadas en videojuegos y aplicaciones, mientras que, en el caso de los menores, estas divisas digitales deberán estar desactivadas por defecto. El objetivo es combatir las prácticas que llevan a los consumidores a "gastar más de lo que tenían previsto" y proteger especialmente a los usuarios más jóvenes.
Por otra parte, Bruselas pretende reforzar las obligaciones de los creadores de contenido e influencers, que deberán identificar claramente las publicaciones patrocinadas en lugar de presentar de manera engañosa estos contenidos como "consejos personales". Tampoco podrán promocionar productos peligrosos o cuya publicidad esté prohibida, mientras que las marcas y agencias publicitarias deberán garantizar que los creadores de contenido cumplen estas exigencias.
A ello se suman restricciones a la publicidad personalizada dirigida a menores y a la utilización de datos sensibles para orientar anuncios, así como la prohibición de aplicar precios personalizados más elevados a menores y consumidores vulnerables.
MÁS TRANSPARENCIA EN LOS PRECIOS Y LAS COMPRAS POR INTERNET
El paquete legislativo también busca acabar con los cargos ocultos que aparecen al finalizar una compra por Internet, obligando a las empresas a mostrar desde el principio el precio completo de los productos y servicios, incluidos impuestos, tasas y otros gastos adicionales.
En concreto, Bruselas quiere prohibir las prácticas que hacen que un producto "parezca asequible al principio" al ocultar determinados gastos que posteriormente se incorporan al importe total en el momento de efectuar el pago.
En el caso de las entradas para conciertos y acontecimientos deportivos, las plataformas que utilizan sistemas de colas virtuales deberán informar en tiempo real de las variaciones de precio y mostrar el importe máximo que podría alcanzar la compra.
Asimismo, las empresas dedicadas a la reventa de entradas tendrán que indicar el precio original del billete, además de facilitar información sobre su categoría, fila y asiento cuando corresponda.
"Reservan un hotel o una entrada para un concierto y descubren que el precio anunciado no cuenta toda la historia, porque se van añadiendo cargos ocultos por el camino", ha advertido McGrath, que ha defendido que los consumidores "merecen saber por qué están pagando y tener el control de sus decisiones".
Otra de las novedades es el reconocimiento del derecho de los consumidores a recibir atención humana cuando surjan problemas con un contrato y los sistemas automatizados, incluidos los asistentes de Inteligencia Artificial, no permitan encontrar una solución satisfactoria.
UN AHORRO DE 13.700 MILLONES ANUALES
Según las estimaciones del Ejecutivo comunitario, el conjunto de estas medidas podría generar un ahorro de hasta 13.700 millones de euros anuales para los consumidores europeos, al reducir las pérdidas económicas derivadas de prácticas comerciales abusivas.
Además, junto al nuevo Reglamento de Equidad Digital, la Comisión ha propuesto reformar las normas de cooperación entre las autoridades nacionales de protección de los consumidores para poder investigar directamente las infracciones de gran escala e imponer sanciones de hasta el 6% de la facturación mundial anual de las empresas responsables.
Esta capacidad de intervención se reservará para los casos que puedan afectar a consumidores de al menos dos tercios de los Estados miembro, que representen también dos tercios de la población de la Unión Europea, y siempre que las compañías investigadas no sean pequeñas o medianas empresas.
"Esta reforma hará la vida cotidiana más sencilla, justa y segura para los consumidores, al tiempo que ofrecerá a las empresas la claridad y la confianza que necesitan para prosperar", ha concluido Virkkunen.
Las propuestas deberán negociarse ahora entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su aprobación definitiva, por lo que las nuevas obligaciones todavía no entrarán en vigor.
