CiU pide que el Gobierno dé cuenta en el Congreso de estado de ejecución del Plan de Derechos Humanos, aprobado en 2008

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de CiU ha solicitado la comparecencia del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis de Francisco, para que explique en el Congreso de los Diputados el grado de ejecución del Plan de Derechos Humanos, aprobado por el Consejo de Ministros del 12 de diciembre de 2008.

El diputado nacionalista catalán Carles Campuzano quiere conocer de primera mano qué medidas de las contempladas en este plan ha desarrollado el Ejecutivo socialista y cuáles va a llevar a cabo en 2010. Además, pregunta qué iniciativas va a impulsar el Gobierno durante la presidencia española de la Unión Europea en relación con las directrices sobre los defensores de los derechos humanos.

Este Plan de Derechos Humanos, aprobado con motivo de la conmemoración del 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluye 172 medidas para promover la igualdad y la integración de las personas, así como para garantizar la protección los derechos humanos en España, desde el punto de vista de la paz, la democracia, el desarrollo, la solidaridad y la justicia social. La estrategia contempla la aprobación de Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación.

Con la adopción del Plan por España, son 24 los países que han adoptado un plan de estas características, siguiendo una recomendación de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993, que propuso que cada Estado considerara la posibilidad de elaborar un Plan de Acción Nacional en el que se determinaran las medidas necesarias para mejorar en su ámbito la promoción y la protección de los derechos humanos.

Según el Gobierno español, este país goza de "una democracia consolidada, un país en el que existe una conciencia pública del valor y la importancia de los derechos humanos, en el que los mismos se encuentran protegidos y garantizados", pero defiende que es necesaria la puesta en marcha de este plan porque "en el mismo momento en que dejan de promoverse los derechos, éstos comienzan a debilitarse".

El proyecto contempla, igualmente, la aprobación de un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, un observatorio sobre el pluralismo religioso o un estudio completo sobre la gestión pública de la diversidad religiosa en los ámbitos local, autonómico y estatal.