MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso ha aprobado por unanimidad una iniciativa, a instancias de CiU, que insta al Gobierno a equiparar las condiciones que se exigen para obtener y renovar el carné de conducir a las personas diagnosticadas con una enfermedad como la esclerosis múltiple, y otras enfermedades neurológicas, a las del resto de conductores.
En la iniciativa se pide al Gobierno la creación de un grupo de trabajo, en el seno de la Dirección General de Tráfico, que valore la especial situación que viven las personas que padecen enfermedades, por ejemplo de aceptación neurológica, a la hora de tener y prorrogar el carné de conducir, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y las organizaciones expertas en la materia
Además, solicita al Gobierno la modificación del Reglamento General de Conductores para adecuar los criterios de aptitud requeridos en el mismo, que afectan a la esclerosis múltiple y a otras enfermedades neurológicas, como lesiones medulares, sin necesidad de nuevas pruebas e informes complementarios como se exige en la actualidad.
En tercer lugar, plantea cambios en el sistema de obtención y reobtención del permiso de conducir cuando el diagnóstico de una enfermedad, como la esclerosis múltiple, no sea un inconveniente más allá de la aptitud y capacidad acreditada en el sistema de valoración de la capacidad de los conductores, debiendo ser este suficiente y no necesitando nuevas pruebas e informes complementarios, entendiendo que no sean enfermedades sino discapacidades las que priven del permiso en general.
DISCAPACIDAD
Por otro lado, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde por unanimidad a una iniciativa, a instancias del PSOE, que reclama al Gobierno que, de acuerdo con comunidades autónomas y organizaciones de la discapacidad, se ponga en marcha un programa de medidas específicas un programa de medidas específicas para las personas con discapacidad en el medio rural, en el marco del plan de acción y desarrollo de la Estrategia española sobre discapacidad.
Es más, ha dado luz verde a una proposición no de ley en materia de discapacidad para que el Ejecutivo estudie si es posible modificar la norma rectora del Real Patronato sobre Discapacidad, de modo que, en cumplimiento de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, los derechos del colectivo constituyan el enfoque principal en todas las actuaciones del Patronato.
Es más, pide que se refuerce la participación de las personas con discapacidad, a través de sus asociaciones, en los órganos rectores y en la toma de decisiones del mismo. Por ello, reclama una regulación del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, de acuerdo con la Ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
