MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones Women's Link y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para denunciar los casos de seis mujeres en situación administrativa irregular que sufrieron "obstáculos y demoras" en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en centros de salud pública de la Comunidad de Madrid.
La queja ha sido presentada en colaboración con Médicos del Mundo de Madrid y Centro de Atención Integral a Mujeres Concepción Arenal, han denunciado estos seis casos, relacionados mujeres que, según recalcan, "se encontraban en situación de vulnerabilidad": algunas de ellas eran víctimas de trata y de explotación sexual.
Las organizaciones han asegurado que las mujeres migrantes que quieren acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública de la región se enfrentan a una serie de obstáculos derivados de la aplicación del Real Decreto Ley 7/2018, que restringe el acceso a la sanidad para personas migrantes que no tienen permiso de residencia.
Según Women's Link y la Comisión, la ley de interrupción voluntaria del embarazo (Ley Orgánica 2/2010), el acceso al aborto debe estar garantizado para todas las mujeres, sin discriminación por nacionalidad ni obstáculos o demoras injustificadas.
Sin embargo, han destacado que los requisitos que el decreto ley establece para las mujeres migrantes "se convierten en graves obstáculos en el acceso al aborto y provocan retrasos que pueden hacer que las mujeres se salgan de los plazos establecidos por la ley de interrupción del embarazo".
En uno de los casos presentados en la queja, una mujer de origen nigeriano, embarazada de 9 semanas y víctima de trata, tuvo que reclamar durante 15 días que le expidieran el documento de asistencia sanitaria que le permitiera acceder a la sanidad pública. Cuando obtuvo el documento, tenía 11 semanas de embarazo, cerca del límite de 14 semanas establecido por la ley para poder interrumpir el embarazo libremente.
"En todo el mundo, las mujeres migrantes se enfrentan a serios obstáculos para acceder a los servicios de salud y, en concreto, a la salud sexual y reproductiva. España no es una excepción", ha apuntado explica Estefanny Molina, abogada de Women's Link.
"QUE ESTA PRÁCTICA DISCRIMINATORIA CESE"
"Con esta queja queremos pedir al Defensor del Pueblo que investigue estos obstáculos y emita una serie de recomendaciones a las diferentes administraciones de salud para que esta práctica discriminatoria cese", ha sentenciado.
Las organizaciones también explican que, además del obstáculo que suponen los requisitos que establece el propio decreto ley, en algunos casos los centros de salud "imponen otras limitaciones no contempladas en la ley".
Según sostienen, uno de los más habituales es tener que justificar 90 días de empadronamiento. Sin embargo, han hecho hincapié en que "este no es un criterio establecido por el decreto, sino que se trata de una práctica restrictiva que se ha extendido en los centros de salud de Madrid".
"En estos seis casos, gracias a la intervención de diferentes organizaciones, las mujeres finalmente pudieron acceder a su derecho al aborto, pero no sabemos qué habrá pasado con otras mujeres a las que no se les haya informado correctamente o no hayan contado con apoyos", han apostillado desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos.
A su juicio, "un paso imprescindible para acabar con esta discriminación es asegurar que todas las personas que tienen contacto con las mujeres estén correctamente formadas en la legislación actual y entiendan que no puede obstaculizar el derecho al aborto de ninguna mujer, sea cuál sea su situación administrativa".
