Aseguran que la Ley es "progresista y de las izquierdas", aunque buscarán el consenso parlamentario
MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las formaciones políticas Esquerra Republicana e IU-ICV firmaron hoy un acuerdo por el se comprometen a impulsar el proyecto de Ley de Atención a la Dependencia en su próximo trámite parlamentario.
Entre otros aspectos, el proyecto de Ley, que podría aprobarse este viernes por el Consejo de Ministros, reforzará el derecho universal y subjetivo de los ciudadanos a recibir este tipo de asistencia, de tal manera que podrá ser exigible "administrativa y jurisdiccionalmente", tal y como destacó el titular de este departamento, Jesús Caldera.
El acuerdo fue firmado por el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde (IU-ICV), Gaspar Llamazares; la portavoz de este mismo grupo en materia de Asuntos Sociales, Carme García, y el diputado de ERC, Joan Tardá.
Todos ellos coincidieron en señalar que la futura ley supondrá un avance social fruto del trabajo de las fuerzas políticas progresistas y de izquierdas. De hecho, el acuerdo de hoy garantiza ya su aprobación parlamentaria, independientemente de que se busque el acuerdo con el resto de los grupos de las cámaras.
DERECHO SUBJETIVO DE CIUDADANÍA
En virtud del acuerdo firmado hoy, la futura Ley configurará un derecho subjetivo de ciudadanía (al mismo nivel que la educación, la sanidad o las pensiones) a recibir asistencia para realizar las actividades básicas de la vida diaria, independientemente de su situación social, económica o el lugar donde viva.
Asimismo, se atenderá a todas las personas, cualquiera que sea su edad y el origen de la situación de dependencia. En este sentido, se supera la limitación a los menores de 3 años que establecía el anteproyecto de Ley y se incluye la atención a las personas con problemas de salud mental.
Además, en el futuro sistema, ningún ciudadano en situación de dependencia quedará sin atender por insuficiencia de recursos y los beneficiarios contribuirán económicamente a la financiación de los servicios "de forma parcial" en función de su capacidad económica personal. Así, en el desarrollo reglamentario se tendrá en cuenta para fijar la participación de los beneficiarios, el tipo y coste del servicio que se presta y se distinguirá entre los servicios asistenciales, de manutención y hoteleros.
Igualmente, el acuerdo alcanzado hoy garantiza un modelo de financiación estable, suficiente y sostenida en el tiempo como "condición fundamental" para hacer efectivo el ejercicio del nuevo derecho que la ley reconoce.
El futuro Sistema Nacional de la Dependencia contendrá tres niveles de protección y financiación: un primer nivel, que contempla la atención básica que se prestará en toda España y que correrá a cargo del Estado; un segundo nivel, en el que se determinará la intensidad de la atención, con financiación mixta entre Gobierno y Comunidades autónomas a través de acuerdos; y por último, un tercer nivel en el que las autonomías podrán ampliar la atención a cargo de sus propios presupuestos.
UNA LEY PROGRESISTA Y DE IZQUIERDAS
Tras la firma del acuerdo, el ministro Caldera agradeció el apoyo de las citadas formaciones y recalcó que la Ley es "progresista, de las izquierdas, para todos los españoles". "Se trata de una ley que solo se presenta una vez por cada generación", valoró destacando que ampliará el Estado del Bienestar "de nuevo con un Gobierno progresista".
En la misma línea, Joan Tardá presentó esta ley como resultado del trabajo del Gobierno y las fuerzas de izquierdas que le dieron su apoyo en la investidura. Tardá cree que es un ley social que "supera el Aznarismo" y consideró "fundamental que no exista deslealtad del centro a la periferia y de la periferia al centro".
Por su parte, Gaspar Llamazares advirtió de que esta década será recordada por la aprobación de esta norma, y destacó que se cumple un compromiso de "regeneración democrática, avance de lo derechos civiles y de avance social". Igualmente, su compañera de grupo Carme Rodríguez valoró que "se trata de la ley más importante en materia social de toda la legislatura".
