Fernández Cabaleiro y su esposa se sientan en el banquillo por blanqueo de capitales del narcotráfico

PONTEVEDRA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra acusa a María del Carmen P.G., de 45 años de edad, y a su esposo Alberto Fernández Cabaleiro, de 39, del delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

La sección segunda ha señalado este juicio para el martes 6 de septiembre. Los hechos por los que son acusados se remontan al año 1999.

El vigués Alberto Fernández Cabaleiro, es un conocido narcotraficante condenado por la Audiencia Nacional por dirigir en el año 2001 una operación de tráfico de drogas transportando en el velero Chad Band, de bandera británica, 3.000 kilos de resina de hachís.

Igualmente, el suegro y el cuñado de la acusada, en la actualidad fallecidos --padre y hermano de Fernández Cabaleiro-- tienen numerosos antecedentes por tráfico de drogas.

Según el ministerio fiscal, estos hombres, "con la finalidad de simular el verdadero origen del dinero obtenido de las referidas actividades ilícitas y de otras de idéntica naturaleza", se pusieron de acuerdo con la esposa de Alberto Fernández Cabaleiro, "la cual, con pleno conocimiento de la procedencia de los fondos con los que se realizaban los negocios jurídicos, consintió en ser la titular" del dinero con el que se compraron una serie de propiedades.

De este modo fincas, chalets, pisos, plazas de garaje, locales comerciales, embarcaciones, tres inmuebles en Málaga, así como cuantiosos ingresos bancarios entre los años 1995 y 2006 fueron pasando al patrimonio de este clan familiar.

La fiscalía imputa al matrimonio sendos delitos continuados de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, con una petición de pena de seis años de prisión para cada uno.

Además, para María del Carmen solicita multa de un millón de euros con responsabilidad penal subsidiaria en caso de impago de dos años de prisión, así como el comiso definitivo de los bienes. Igualmente, para Alberto Fernández Cabaleiro solicita el pago de 900.000 euros, o en caso de impago, un año y diez meses de cárcel.