ALMERÍA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La fiscal ha elevado a un total de 42 años de prisión la pena solicitada para una pareja acusada de liderar una red de trata de blancas entre Paraguay y Mojácar (Almería) al estimar que ha quedado probado que obligaron a, al menos cuatro mujeres, a ejercer la prostitución en un chalé de lujo y que lo hicieron, además, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad y bajo intimidación.
En el trámite de informes del juicio, que ha quedado este martes visto para sentencia, ha modificado la calificación inicial de los hechos por la que pedía 24 años de cárcel y les ha atribuido la comisión de cuatro delitos relativos a la prostitución por lo que ha interesado penas de tres años de prisión y de otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que ha solicitado otros nueve años.
Tras la lectura ante la sala de la declaración de un testigo protegida cuya denuncia dio lugar a la detención del matrimonio, Ramón M.J. y Carmen T.G., la fiscal ha reforzado el escrito de acusación con dos puntualizaciones relativas al testimonio de otras dos víctimas mientras que las defensas ha solicitado la libre absolución de sus patrocinados.
Ambos negaron durante la primera sesión del juicio que se lucrasen con las actividades sexuales que varias mujeres realizaban "libre y voluntariamente" en un chalé de lujo del municipio almeriense y precisaron que sólo recibían los beneficios obtenidos por ella, quien ejercía también la prostitución, y "ayudaban" a compatriotas de su mismo pueblo, en Paraguay, cuando querían entrar en España, siempre con visado de turista.
Ramón M.J. ha afirmado que no tenía "nada que ver con el negocio" que se llevaba a cabo en el chalé, que nunca percibió "ni una peseta", y que no "intervenía en nada" ya que, ha añadido, "ellas lo llevaban a su rollo". En esta línea, ha negado que viajase, al menos una vez en el curso de la investigación, hasta Paraguay para captar mujeres ya que, según ha explicado, fue "para pagar una casa que mi esposa se está construyendo".
Pese a las intervenciones telefónicas, algunas de las cuales se pudieron escuchar en la sala, el procesado, con antecedentes por delito contra la salud pública, rechazó que se apropiase de entre el 30 y el 50 por ciento de los beneficios que obtenían la mujeres y que les diese instrucciones, las sancionase con multas económicas si declinaban algún servicio o que las retuviese. "Todas tenían llaves y pasaporte".
Por su parte, Carmen T.G., quien destacó que todas se dedicaban a la prostitución "libremente" como en su país de origen, desmintió la declaración que prestó al inicio de la instrucción "porque me sentí coaccionada" y refrendó la versión de su marido sobre el funcionamiento del chalé. La pareja achacó además la denuncia que dio lugar a la actuación de la Policía Nacional a la venganza de una de las chicas, testigo protegido, a la que se echó del chalé después de que la acusada la sorprendiese "liándose con mi marido".
EXPLOTACIÓN
A Carmen T.G., de 27 años y a su compañero sentimental, Ramón M.J., de 47 años, se les atribuye el obligar presuntamente a ciudadanas paraguayas a ejercer el alterne en un chalé de lujo hasta satisfacer una deuda de 15.000 euros por el viaje hasta España.
La red, que fue desarticulada en marzo de 2007 con el decomiso de más de 50.000 euros en joyas que ambos guardaban en el chalé y la localización de hasta seis cuentas bancarias en el extranjero, tenía una manera de actuar "muy compleja y jerarquizada" ya que la procesada, de nacionalidad paraguaya, solía captar en su país natal a las víctimas, a quienes escogía siempre de entre ambientes "desestructurados y de miseria".
Ramón M.J., según el escrito de calificación fiscal, era el encargado de administrar los beneficios obtenidos de explotar a las mujeres y que sólo en una ínfima parte redundaban en ellas para que pudiesen enviar dinero a sus familiares ya que la organización les proveía de todo lo necesario para que no manejasen efectivo.
Ambos procesados fueron detenidos el 16 de marzo de 2007 por la Policía Nacional en un control de tráfico activado en el paraje de Los Gurrullos, en el municipio de Mojácar, tras fructificar la investigación iniciada tres meses antes por agentes de Sevilla, Almería y Madrid.
