PALMA DE MALLORCA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, el ex director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, y el celador municipal, Jaume Gibert, pasarán mañana a partir de las 09:00 horas a disposición judicial después de que el lunes fueran detenidos por la Guardia Civil por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
Los tres detenidos, que anoche seguían en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Palma, se acogieron ayer al derecho de no declarar por los presuntos delitos que se les imputan después de que la Guardia Civil les tomara declaración en la Comandancia General de Palma.
Así, el fiscal anticorrupción de Baleares, Joan Carraru, imputa a Hidalgo y al celador por recibir 738.000 euros por la venta de dos terceras partes de la constructora Prollamp de Ponent, la empresa mediante la cual se construían inmuebles en Cala Llamp (Andratx). Según recogen medios nacionales, el abono de la cantidad se realizó en dos pagos de 369.424 euros y tuvo como beneficiarios a Hidalgo y a la esposa del celador, Antonia Gari.
La operación anticorrupción bautizada 'Voramar' ha destapado una red de empresas que presuntamente fueron empleadas para el blanqueo del dinero que obtenían Hidalgo y la mujer del celador de los promotores inmobiliarios, a cambio de conceder licencias para construir en terrenos no urbanizables o protegidos.
Carrau, quien junto al fiscal Pedro Horrach inspeccionó el pasado lunes las dependencias del Consistorio de Andratx, imputa además a Hidalgo, Gibert, Massot y al arquitecto firmante de los proyectos urbanísticos del primer edil, Miguel Arenas Gou, los delitos de cobro de comisiones y sobornos a cambio de conceder licencias urbanísticas para poder construir inmuebles en terrenos protegidos o rústicos.
"ENTRAMADO SOCIETARIO"
Según el auto del juzgado de instrucción número 12 de Palma, al que tuvo acceso Europa Press, el alcalde y el celador fueron socios mediante un "entramado societario" que les permitió dedicarse a la promoción e intermediación inmobiliaria, siendo las licencias que autorizaron la constreucción de las edificaciones en muchos casos "absolutamente irregulares".
El texto del magistrado Álvaro Latorre también imputa a los tres arrestados los delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación urbanística, cohecho, asociación ilícita, blaqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública y de negociaciones prohibidas. Concretamente, el delito contra Hacienda lo sustenta en el hecho de que los incrementos de hacienda no justificados ni declarados "pueden suponer una elusión" de pago a la cuota tributaria en renta.
El juez considera "unánime" la jurisprudencia sobre el tratamiento tributario de rentas delictivas y la posible comisión del delito contra la Hacienda Pública además de otros delitos como malversación o blanqueo. En cuanto a la recalificación de terrenos no urbanizables, el auto recoge que, en efecto, existen indicios de la existencia de "certificaciones falsas" que determinan el suelo con calificación Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP) cuando en realidad era un Area Natural de Especial Interés (ANEI).
Así, la Benemérita detuvo anteanoche y ayer a otras dos personas más que posteriormente fueron puestas en libertad con cargos. Asimismo, el arquitecto municipal, Miguel Arenas Gou y al que se le acusa de testaferro, según el auto judicial, también fue llamado a declarar ayer después de que fuera citado el pasado lunes. El otro imputado es la mujer de uno del celador municipal y un abogado.
Por otra parte, a lo largo del día de hoy declarará como imputada una mujer cuya identidad responde a las iniciales M.S.C. En principio, tenía previsto declarar a las 10:00 horas pero se ha pospuesto, con lo que prestará declaración en a lo largo del día. Esta persona imputada ya declaró ante la Guardia Civil los días anteriores.
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