Inmigrantes piden al Gobierno "voluntad política" para que se aplique la sustitución de la orden de expulsión por multa

VALENCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de la Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, el Foro Alternativo de la Inmigración y la Red Sahel para la Inmigración pidieron hoy al delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, "voluntad política" para que las subdelegaciones "hagan un esfuerzo para revocar y cambiar por multa las órdenes de expulsión --de inmigrantes--, de manera que los extranjeros puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo" porque esto "lo prevé la ley y es posible".

Así lo explicó la portavoz de la Mesa d'Entitats, Berta Castro, tras la reunión que mantuvieron con el representante del Gobierno, en la que le trasladaron su "preocupación por las detenciones, de manera desmesurada y desproporcionada, de extranjeros en la ciudad Valencia". En concreto, matizó que están siendo "masivas en locutorios y en las entradas y salidas de metro".

Según dijo, la aplicación de una orden de expulsión supone "automáticamente" que el inmigrante "se encuentre con una imposibilidad casi de hecho de poder acceder a un permiso de residencia y trabajo por vía de arraigo". En este sentido, solicitó que, a quienes están en situación de obtener esta condición, no se les aplique la sanción.

Igualmente, pidió esta posibilidad para las personas que se encuentran en fase de recurso por pérdida del permiso de residencia, con el fin de evitar una "irregularidad sobrevenida" y que "no se les ponga más obstáculos a las personas que han tenido permiso de residencia". En cuanto a los inmigrantes que son trasladados desde las islas Canarias a la península y que ya cuentan con una orden de expulsión, pidió que también puedan conmutar esta orden por una multa en el momento que tengan los requisitos para solicitar al arraigo, ya que, de lo contrario, se encuentran en "situación de limbo jurídico".

Por su parte, Ricardo Peralta mostró su "voluntad clara de no convertir en ilegales a los que son legales", para lo que se comprometió a actuar con "criterio humanitario y adecuado a la realidad para permitir que quienes han estado en nuestro país trabajando y desarrollando una vida con arreglo a la ley y en el marco de un trabajo estable o regular, puedan seguir haciéndolo".

Pese a que, de las cuestiones expuestas por las asociaciones, existen puntos "en los que todavía mantenemos posiciones diferenciadas", dijo, resaltó que "en el 90 por ciento de los asuntos trabajamos de común acuerdo". Así, comentó que "plantean la flexibilización de determinados criterios, fundamentalmente, en materia de arraigo y renovación de permisos de residencia, al tener en cuenta que la situación socioeconómica y laboral es más complicada que antes".

Para Peralta, la inmigración es un tema de "especial importancia" en la Comunidad, ya que en ella viven 550.000 extranjeros, de los que unos 330.000 son comunitarios y 220.000 extracomunitarios. Al respecto, valoró los contactos para que "ellos comprendan la realidad de la extranjería y nos podamos acercar a estas organizaciones que, al estar más cercanos a los inmigrantes, nos permite humanizar aún más nuestro trabajo".

COLEGIO DE ABOGADOS

Al ser preguntado sobre la actuación de la Subdelegación del Gobierno en materia de extranjería que el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) denunció ante el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, el pasado mes de enero, el delegado del Gobierno negó "arbitrariedad en la actuación de la Administración", que "está sujeta a los controles jurisdiccionales".

Así, manifestó que ajustan sus procedimientos "al marco de la ley, no al de los criterios que pueda establecer cualquier organización, por muy responsable que sea y por mucho respeto que nos merezca, como puede ser el caso del Colegio de Abogados".

Así, aseveró que "si algún colegiado o el propio Colegio disiente de la actuación que mantenemos, tiene unos mecanismos, y creo los ha utilizado, para denunciar esa actuación", tras lo que --añadió-- "nosotros lo asumiremos y estaremos a lo que se disponga", aunque --insistió-- "nuestro criterio de referencia, necesariamente, tiene que ser la ley".