MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La reforma de la Ley de Extranjería se enfrentará en el Congreso de los Diputados, durante su tramitación parlamentaria, a unas 500 enmiendas parciales presentadas por todos los grupos de la Cámara. Entre los aspectos más polémicos de la nueva ley se encuentran la ampliación de 40 a 60 días del plazo de internamiento, la restricción de la reagrupación familiar y las competencias de las comunidades autónomas en esta materia.
El Grupo Socialista ha introducido una enmienda a la redacción del texto para que puedan empadronarse los extranjeros que vivan en un municipio aunque lo hagan irregularmente. Además, matizan varios aspectos para garantizar el acceso de los menores a los servicios básicos, concretar el tratamiento de las víctimas de violencia machista y asegurar que los inmigrantes enfermos puedan no ser retenidos en Centros de Internamiento.
Asimismo, proponen varias modificaciones para la trasposición del Convenio del Consejo de Europa sobre trata de personas y de la Directiva Europea que regula la entrada en el Espacio Schengen de personal extranjero altamente cualificado, ya que los términos de esta nueva norma no se habían concretado cuando el Gobierno elaboró el anteproyecto de Ley.
PP PIDE UNA AGENCIA DE COORDINACIÓN
Mientras, el PP ha presentado 70 enmiendas destinadas a favorecer la inmigración "legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo". Los 'populares' proponen la creación de un visado especial para la búsqueda de trabajo, impedir las regularizaciones masivas y crear una Agencia de Inmigración que coordine las competencias del Gobierno central en esta materia.
Asimismo, quieren favorecer la inmigración circular y cualificada, limitar la reagrupación en cadena, expulsar a los inmigrantes que hayan sido condenados a penas superiores a los seis meses y proponen la creación de centros de menores en los países de origen para poder repatriar a dichos inmigrantes que lleguen a España de manera irregular.
Por su parte, las enmiendas de CiU, unas 60, se centran en blindar las competencias de Cataluña en materia de Inmigración que recoge el Estatuto de Autonomía y que están relacionadas con la potestad para expedir permisos de trabajo, la gestión de las políticas de primera acogida e integración socioeconómica y la participación activa del Gobierno regional en la selección del contingente de trabajadores extranjeros contratados en su país de origen.
Además, la formación propone que se tenga en cuenta antes de conceder la nacionalidad a un extranjero su "conocimiento suficiente" de las lenguas cooficiales del Estado. En este sentido, persiguen que sea la comunidad autónoma quien acredite el grado de integración del inmigrante como paso previo a su nacionalización, según las enmiendas a las que ha tenido acceso Europa Press.
