El PP limita su propuesta de prisión perpetua revisable

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular llevará finalmente a la Cámara Baja el debate sobre la prisión perpetua revisable, al incluirla en las enmiendas que este martes presentará a la reforma del Código Penal presentada por el Gobierno. La propuesta del principal partido de la oposición es que esta nueva pena específica sea revisable a los 20 años y esté limitada al asesinato terrorista, la muerte con agresión sexual, el magnicidio, el genocidio y los delitos de lesa humanidad.

Según informó el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, de ser aprobada, esta pena implicaría que los condenados no tuvieran ningún beneficio penitenciario en un periodo inicial de 20 años. Una vez transcurrido este tiempo, el tribunal podrá revisarla si se reúnen determinadas condiciones: la existencia de un pronóstico favorable de reinserción, arrepentimiento del condenado, haber satisfecho sus responsabilidades civiles y que la gravedad de la culpa no exija el cumplimiento efectivo de la pena.

Si el tribunal considera que no es oportuna la revocación de la pena, podrá volver a revisarse pasados cinco años, proceso que podría repetirse cada lustro. Para el PP, con esta posibilidad de revisión, la prisión perpetua adopta el encaje adecuado con la Constitución, ya que si no existiera sería inconstitucional, al no permitir la reinserción.

Tras la última reforma del Código Penal, que pactaron PSOE y PP, los delitos graves de terrorismo conllevan el cumplimiento efectivo de las penas, es decir, que el condenado no puede obtener el tercer grado penitenciario hasta que no haya cumplido la mitad de la condena, una idea que el Gobierno ya extiende en su proyecto a los delitos sexuales contra menores de 13 años penados con más de 5 años de prisión.

En el aniversario de la desaparición de la adolescente sevillana Marta del Castillo, el PP abrió el debate sobre la cadena perpetua y, semanas después, se concretó en la prisión perpetua revisable. Su presidente, Mariano Rajoy, se mostró a favor de incluir esta pena en el Código Penal, que, según dijo, ya se aplica en países como Francia, Alemania, Reino Unido o Italia.

Sin embargo, hasta hoy no se sabía cuál sería su aplicación, que finalmente se propone que sea de manera única para los delitos de asesinato terrorista, magnicidio, genocidio y lesa humanidad, y como pena alternativa para las muertes con agresión sexual.

Esto quiere decir que si, por ejemplo, en el caso de la niña onubense Mari Luz Cortés, se demuestra que no hubo agresión sexual, el acusado de haber acabado con su vida no podría ser condenado a pena perpetua revisable.

El PP es consciente de que será complicado obtener los apoyos necesarios para que esta enmienda obtenga la luz verde del Congreso de los Diputados, ya que el PSOE se opone y es previsible que esta sea la posición del resto de diputados de izquierda, así como del PNV. Hasta el momento, sólo la diputada de UPyD, Rosa Díez, parece dispuesta a estudiarlo.

Sin embargo, fuentes del PP aseguraron que el objetivo del partido es también que se abra el debate sobre la insuficiencia de las penas tal y como están establecidas y la necesidad de elaborar una reforma penal "integral".

IMPRESCRIPTIBILIDAD TAMBIÉN CON LESIONES

Además, entre otras de las enmiendas que el PP tiene previsto presentar mañana destaca la ampliación de la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo, desde los que tengan resultado de muerte --previsto en el proyecto del Ejecutivo-- hasta los delitos con lesiones graves o en los que haya mediado secuestro.

Igualmente, amplían los delitos en los que se exige el cumplimiento efectivo de la condena a los de asesinato, detención ilegal y secuestros, agresiones sexuales y abusos sexuales a menores de 13 años, y delitos de robo con violencia o intimidación en casa habitada.

El PP anuncia su apoyo a la introducción de la libertad vigilada, pero exige en sus enmiendas, con el objetivo de garantizar su "efectividad", que se utilicen medios electrónicos, que se exija la localización permanente del reo y el control de las medidas por parte de un responsable del cumplimiento de su aplicación.

CON LIBERTAD VIGILADA NO HAY EXCLUSIVAS A MEDIOS

Además, sugiere, entre estas nuevas medidas, que se incluya la prohibición de hacer declaraciones a los medios de comunicación relativas al hecho delictivo cometido que supongan aprovechamiento económica del delito, así como su cesión a terceros para su publicación por cualquier medio.

Según explicó Trillo, el objetivo es acabar con la "venta morbosa de los hechos delictivos", impidiendo que acudan a los medios "vendiendo exclusivas". Con todo, esta prohibición se limita a la existencia de un pago de por medio.

Entre el centenar de enmiendas que defenderá el Grupo Popular se encuentra también la regulación de una nueva agravante relativa a la utilización para cometer delitos de menores de edad. Igualmente, pide reforzar las agravantes de reincidencia --cuando se hubiera cometido ya un delito comprendido en el mismo título del Código-- y reiteración --cuando se haya cometido otro delito doloso comprendido en distinto título del Código.

Asimismo, en lo referente a los delitos contra la libertad sexual, apoyan la subida de pena a cinco años en el delito de agresión "pactada" con el Gobierno, pero piden que se aumente la pena mínima de uno a tres años. También introduce como nueva figura delictiva la captación de menores a través de internet (child grooming).

En una disposición final, el PP pide un Proyecto de Ley de Protección a las Víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual que dé satisfacción psicológica, patrimonial, social y laboral a quienes han sido víctimas de un delito.

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

En el orden de los delitos contra la propiedad, el PP propone agravar la pena específica del robo en locales abiertos al público, aun fuera del horario comercial (de cuatro a siete años), y del robo en casa habitada o en cualquiera de sus dependencias (de cinco a ocho años).

Además, sugiere variar la frontera entre el delito de hurto y el que se deriva de la acumulación de faltas, y donde ahora se exige cuatro faltas de hurto, se propone que sean tres para considerarla delito.