Prolongar la vida de Almaraz sumaría más de 3.800 millones de euros a la factura de la luz, según Greenpeace

   MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Prolongar la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Extremadura) hasta 2030 sumaría un sobrecoste acumulado 3.831 millones de euros a la factura eléctrica, según el estudio 'Cierre nuclear y transición energética: El caso de Almaraz Análisis de impactos económicos y ambientales', encargado por Greenpeace a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

   El análisis, presentado este martes y llevado a cabo por el director de la Cátedra de Transición Energética de la URJC, Eloy Sanz, y el investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) Víctor García Carrasco, pone de manifiesto que el cierre programado de Almaraz es "técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente que su prórroga".

   Para llegar a esta conclusión, los expertos se han basado en simulaciones horarias detalladas del periodo 2026-2033, que integran la evolución prevista de la demanda, el despliegue de energías renovables, el almacenamiento energético, el calendario de cierre nuclear y la formación de precios del mercado eléctrico.

   Con todo ello, han señalado que en lo que respecta a los efectos económicos, prorrogar Almaraz generaría un alivio "transitorio" tanto en el precio medio de la electricidad como en la factura eléctrica entre 2028 y 2030. Sin embargo, a partir de 2031 provocaría un incremento sostenido de ambas métricas. Para 2033, el mercado mayorista alcanzaría precios de hasta 63,5 euros por megavatio hora (euro/MWh).

   En comparación, esto equivaldría a un incremento del 9,5% respecto a los 58 euro/MWh correspondientes al escenario de cierre programado. "En términos de factura para los consumidores finales, esta diferencia se materializa en un sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros", ha explicado.

   La central de Almaraz abrió entre 1983 y 1984. De acuerdo con el calendario actual de cierre, terminaría su operación entre 2027 y 2028. El año pasado, las empresas titulares pidieron oficialmente una prórroga hasta 2030. En la actualidad, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está estudiando si ésta sería viable y prevee publicar su informe al respecto en verano.

   Aún así, la última decisión dependería del Gobierno, que ya ha dejado claro sus tres líneas rojas: el mantenimiento de la seguridad radiológica, el del suministro eléctrico y que la prórroga no suponga más coste para la ciudadanía. En este marco, los investigadores de la URJC y de la UPC defienen que la prórroga de la central no cumple el criterio de viabilidad económica "al generar mayores costes acumulados para la ciudadanía, frenar la transición energética y aumentar las emisiones a medio plazo".

    "El mantenimiento del calendario de cierre acordado se revela, por el contrario, como la opción más coherente con los objetivos de descarbonización, estabilidad del sistema eléctrico y competitividad económica de España", han señalado.

    En concreto, explican que, según las simulaciones, la energía aportada por Almaraz puede reemplazarse de forma casi completa por energías renovables. En este sentido, indican que la generación renovable adicional cubre el 96,4% de la energía que deja de producir la central extremeña junto con el aumento de la demanda en los años inmediatamente posteriores al cierre programado (2028-2029). "No se observa, por tanto, una dependencia estructural del gas asociada al cierre en los términos actualmente acordados", han indicado.

    Frente a esto, inciden en que la prórroga de Almaraz retrasaría "de forma significativa" la entrada de nueva capacidad renovable y de almacenamiento. Así, detallan que la cobertura renovable del sistema para 2030 se reduciría del 65,8% al 59,3% si se pasara del cierre programado a una prórroga.

    Además, este escenario --la prórroga-- debilitaría la señal de inversión y reduciría de forma estructural el despliegue de energías renovables y almacenamiento, lo que según los investigadores "provocaría una térdida acumulada de inversión de hasta 26.130 millones de euros entre 2026 y 2033". Si en vez de eso se cerrara la central, los expertos creen que se podrían redudir los vertidos de renovables e integrar más de 3,8 teravatios hora (TWh) anuales de energía limpia previamente desaprovechada, aproximadamente la mitad de la generación anual de un reactor nuclear en España.

MAYORES EMISIONES A MEDIO PLAZO

   En lo que respecta a las emisiones, Sanz y García Carrasco explican que la prórroga de la central genera un efecto temporal de reducción de uso de gas entre 2028 y 2030, pero provoca un sistema estructuralmente menos renovable a partir de 2030, lo que se traduce en mayores emisiones a medio plazo.

   Entre 2026 y 2033, los escenarios de prórroga acumulan entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (MtCO2eq) adicionales respecto al cierre programado. "(Esto equivale) a las emisiones de todos los hogares de Extremadura durante seis años o a las de un vehículo de gasolina que diera más de un millón de vueltas a la Tierra. Solo estas emisiones implicarían un coste de hasta 984 millones de euros en derechos de emisión, repercutido directamente en el precio de la electricidad", han detallado.