El último detenido es el Inspector Jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación
ALMERÍA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juez ha comenzado a tomar declaración a nueve de los doce detenidos en las últimas 48 horas por su presunta vinculación con la trama de estafa a inmigrantes en la que están implicados cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía, entre ellos el inspector jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación de la Comisaría Provincial y el subinspector al mando de los agentes destinados en la Oficina de Extranjería ubicada en la calle Marruecos de la capital.
Los arrestados que aún permanecían en dependencias policiales de Almería y el municipio de El Ejido han sido trasladados desde primera hora de la tarde de hoy, de manera gradual y rodeados de un fuerte dispositivo que ha sellado el acceso, hasta la sede del Juzgado de Instrucción número 6, en funciones de guardia cuando estalló la operación desarrollada por agentes del Servicio de Investigación Interna desplazados desde Madrid, según confirmaron a Europa Press fuentes judiciales.
El juez ha citado a su despacho pasadas las 18,00 horas a cinco de los letrados que prestan asistencia legal a los acusados de la comisión de un presunto delito de cohecho, en el que caso de los agentes de la Policía Nacional y los dos funcionarios de Subdelegación del Gobierno en Almería, así como un presunto delito de falsedad documental a las personas detenidas en El Ejido y relacionadas con la Agencia Tributaria y una asesoría laboral.
La toma de declaración, que está previsto se prolongue hasta la madrugada, determinará el grado de implicación de los arrestados en unos hechos de los que sólo ha trascendido hasta el momento, debido al secreto decretado sobre las actuaciones, la presunta existencia de pagos por parte de inmigrantes a integrantes de la red, que se comprometían a agilizar la tramitación de los permisos de residencia y trabajo en España.
El inspector jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Almería, detenido en la mañana de hoy, es el último de los arrestados en la operación que se ha saldado con doce detenidos, de los que tres, entre ellos el hijo y la nuera de uno de los agentes, quedaban en libertad tras responder a las preguntas de los efectivos del Servicio de Investigación Interna del CNP.
Los primeros policías arrestados rechazaron responder "por penoso" a las preguntas en comisaría realizadas por sus compañeros. El subinspector al mando de los agentes adscritos a la Oficina de Extranjería, de 61 años y cerca de 40 de servicio en el cuerpo, argumentó "en todo momento" su desconocimiento de los hechos y confesó sentirse "anímicamente destruido" por la vinculación que le atribuyen con la red.
Por otro lado, fuentes de la investigación confirmaron a Europa Press la adopción de medidas cautelares disciplinarias contra los policías, que ejercían su puesto en la Oficina de Extranjería en segunda actividad. El expediente disciplinario incoado por la Dirección General de la Policía (DGP), a la espera de la resolución que se dicte una vez pasen a disposición judicial, ha supuesto la retirada a los agentes de la placa identificativa, el carné profesional y el arma reglamentaria.
Los efectivos desplazados desde Madrid del servicio de investigación interna del Cuerpo Nacional de Policía han sometido, asimismo, a un "minucioso registro" las taquillas, archivos y documentación que obraba en poder de los tres detenidos, así como el ordenador personal que utilizaban para desempeñar sus tarea. De momento, los tres policías permanecen en los calabozos de las dependencias de la Comisaría Provincial de Almería desde su detención cuyo plazo de 72 horas expira mañana.
La denuncia de la que deriva la actuación del servicio de investigación interna del Cuerpo Nacional de Policía parte de un empleado de la Oficina de Extranjería de Almería, quien comunicó las presuntas irregularidades de forma directa a la DGP y al que atribuyen "una relación muy tensa" con el policía que ostenta la jefatura en esta oficina, también detenido.
En esta línea, las mismas fuentes aseguraron que, de momento, los precedentes de las "malas relaciones" entre denunciante e implicados aconsejan poner la veracidad de los hechos "en cuarentena" al tiempo que expresaron su desacuerdo con la intervención del servicio de investigación interna, que calificaron de "calamitosa" ya que, a su juicio, "en el peor de los casos se trataría de una sanción administrativa".
En concreto, revelaron que en noviembre de 2008 el citado trabajador fue denunciado por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que, pese a que sólo se le imputó por presunto cohecho, prestó declaración en sede judicial y se dictaron contra él medidas preventivas consistentes en la personación en el juzgado.
