IBIZA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ibiza ha asegurado que actuará con "contundencia" en la persecución del alquiler turístico ilegal tras aprobarse definitivamente la nueva Ley y el decreto de modificación de la Ley Turística de Baleares, que aumenta las sanciones económicas y dota a la administración insular de mejores mecanismos para combatir estas prácticas.
El director insular de Turismo, Vicent Torres Ferrer, ha aclarado que para la tramitación de expedientes sancionadores "se está dotando al departamento de Turismo de los medios humanos, técnicos y económicos suficientes para agilizar las labores de investigación, inspección e instrucción de los expedientes por alquiler turístico ilegal".
El director ha recordado que el actual gobierno del Consell se topó con una función inspectora "bajo mínimos por culpa de los recortes de personal del PP, lo que ha provocado que la resolución de expedientes se haya demorado demasiado en el tiempo".
Ahora, ha dicho Torres, se trabaja desde hace dos años en "revertir la situación para agilizar los trámites y, gracias a la modificación de la Ley turística, actuar con más contundencia para combatir la oferta ilegal".
Según han añadido, la dotación de recursos y cambios legales servirá para disuadir a los infractores "que tanto perjudican a nuestra isla ya que la práctica del alquiler turístico ilegal afecta a los precios del alquiler residencial de manera que no se encuentran viviendas asequibles para familias o funcionarios, lo que provoca una masificación incontrolada, afecta gravemente los recursos de la isla y supone una degradación de la calidad de los servicios públicos y de la oferta turística".
Con la nueva Ley, han dicho, la comercialización turística de una vivienda sin autorización implica una infracción grave con multas de entre 20.001 y 40.000 euros, tanto para el propietario como para el explotador y por cada vivienda que se oferta.
En el caso de las plataformas u otros titulares y explotadores de los canales de comercialización turística, la publicidad o promoción de la oferta ilegal implica sanciones de hasta 400.000 euros.
