Ambos, imputados, declararán por segunda vez en la causa que investiga un presunta estafa con tomate cocktail
ALMERÍA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI) José María Andújar y el exgerente Antonio González han sido citados nuevamente a declarar en calidad de imputados por la juez que investiga si cometieron una presunta estafa durante su gestión al frente de la entidad y deberán comparecer el 3 de febrero en sede judicial.
La citación se produce a raíz de un informe pericial aportado a la causa en el que se apunta que el "sobreprecio" en la variedad de tomate cocktail que comercializaban presuntamente "en exclusiva" un total de 13 personas físicas y jurídicas del "entorno cercano" a Andújar y a la junta rectora, "incluido él mismo y su mujer", ascendió a 1.231.000 euros en las campañas 2012-2013 y 2013-2014.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, con anterioridad, comparecerán como peritos los autores del citado informe, que no es otro que el resultado de la autoría externa encargada a su entrada por la nueva dirección de CASI y que dio lugar a que se emprendiera una acción de responsabilidad patrimonial aprobada en asamblea de los socios.
La junta directiva actual se ha personado, asimismo, en las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción 1 de Almería como acusación particular y aportado el informe de auditoria como prueba.
Andújar y González, quien ya prestaron declaración como imputados el pasado mes de septiembre, serán interpelados por la magistrada Alejandra Dodero sobre el "perjuicio económico acreditado" a la mayor comercializadora agrícola de la provincia en más de 1,2 millones de euros mediante "el sobrecobro" en tomate cocktail y si esta práctica derivó en un presunto "enriquecimiento ilícito" para ellos.
Una semana después escuchará a agricultores socios de CASI que, en calidad de testigos y a instancias de las dos acusaciones particulares personadas en la causa, relatarán ante la instructora "cómo, por ejemplo, se habrían visto obligados a arrancar las matas de esta variedad porque no se las cogían en las subastas y que habían plantado ante el aliciente que suponía que se estuvieran pagando al agricultor a una media de 1,77 el kilo".
La providencia que cita en calidad de imputados a Andújar y González ante la ampliación de diligencias para el 3 de febrero fija para el 10 de febrero las testificales mientras que el día 27 de enero deberán comparecer en calidad de peritos los autores de la auditoria externa para ratificar su contenido y contestar a las preguntas de las partes.
La investigación judicial también intentará determinar en esas fechas el alcance y gravedad del "borrado de datos informáticos" que el informe atribuye presuntamente a uno de los dos imputados y que se habría producido "después de que se presentará la denuncia de uno de los socios de la entidad que dio lugar a la apertura de diligencias previas en marzo de 2014, cuando aún estaban en la cúpula de CASI", según han indicado las mismas fuentes.
En concreto, el supuesto "borrado" que revela la auditoria externa afecta a los datos sobre "gastos de manipulado, de estructura y variables del precio" de la variedad de tomate cocktail "en las fechas" sobre las que giran las pesquisas que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción 1 de la capital.
Las diligencias previas se incoaron mediante auto el 27 de febrero a raíz de la denuncia de un socio de CASI en la que se informaba de que Andújar, encargado junto a González de las "operaciones relacionadas con la venta de los productos que los socios llevan a las instalaciones de la cooperativa", habría cultivado durante la campaña 2012-2013 la variedad de tomate Cócktel permitiendo que solo "tres o cuatro socios, relacionados directamente y personalmente con él mismo" también plantaran esta variedad. Esta práctica, según ahondaba, se habría extendido a la siguiente campaña agrícola.
Exponía, al hilo de esto, que la supuesta negativa del entonces responsable de la entidad a que esta variedad fuera cultivada por otros socios siempre habría causado "sorpresa" por lo inédito en la cooperativa ya que, según añadía, la tónica habitual era que los aproximadamente 1.500 socios fuesen los que decidiesen la variedad de tomate a plantar y producir cada campaña en las explotaciones al objeto de su posterior comercialización.
La denuncia por presunta estafa concluía a partir de los datos conocidos hasta ese momento que el expresidente, "de forma unilateral", habría decidido por este método "fijar un sobreprecio para los tomates procedentes de su explotación".
