SAN FERNANDO (CÁDIZ), 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de San Fernando (Cádiz) y presidente de la Diputación, José Loaiza (PP), ha anunciado este lunes la interposición de una demanda por el Consistorio isleño ante el Tribunal de Cuentas (TC) contra los dos cajeros municipales imputados en el supuesto robo producido en la Caja Municipal entre diciembre de 2002 y abril de 2009 y que asciende a 7,8 millones de euros.
En rueda de prensa, Loaiza ha explicado que la decisión ha sido adoptada, "ejerciendo con total libertad", por los servicios jurídicos de la Diputación Provincial a la vista del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, de los informes y documentación existentes en el Ayuntamiento isleño, así como en el informe penal en relación al quebranto producido en la Caja Municipal.
Esto quiere decir, según ha detallado Loaiza, que tanto Clemente García como María José Lebrero, dada su supuesta responsabilidad "directa y completa", se les obliga a responder de la cantidad sustraída de las arcas municipales, ya sea "de manera individual o mancomunada", estimando, por tanto, que "ambos deben reintegrar a su origen la cantidad sustraída".
El alcalde isleño ha precisado que en el supuesto caso de que ambas personas, sobre las que dirige la demanda el Ayuntamiento, no pudieran hacer frente a la exigencia de devolver el dinero, la Ley impone la figura del responsable subsidiario, con el único objetivo de que una actuación ilícita "no quede impune y se restituya el daño realizado". En este sentido, ha añadido de que esto sólo se llevaría a cabo en el caso de que quiénes son considerados "autores materiales de los hechos" no devolviesen el dinero sustraído.
Según ha expuesto Loaiza, la responsabilidad "indirecta" recaería sobre aquellos técnicos que, aún sin tener ninguna responsabilidad penal en la desaparición del dinero, si pudieran incurrir en responsabilidad patrimonial a la vista de la existencia de "fallos de los mecanismos de control de la Caja", tal y como determinan los informes de la investigación.
Esta misma responsabilidad es, según agrega Loaiza, atribuible a quienes en el momento en el que supuestamente se produce el delito "estuviesen desempeñando el cargo de ordenador de pagos, que en ese caso era el alcalde".
Por tanto el Ayuntamiento, en base al dictamen de los servicios jurídicos, "debe también solicitar la responsabilidad indirecta en ese hecho a la Tesorera Municipal, al actual Interventor del Ayuntamiento y a su antecesor en el puesto; así como a quienes ocuparon la Alcaldía de San Fernando en el periodo de tiempo en el que se sitúan los hechos", Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, ambos del Partido Andalucista.
Por ello se reclama a quienes son considerados como responsables subsidiarios, las siguientes cantidades: Rafael M. (61.525 euros), José Antonio L. (105.847 euros), María Virtudes G. (39.392 euros), Antonio M. (39.000 euros) y Manuel María de B. (39.000 euros). En este sentido, Loaiza ha puntualizado que esta determinación "objetiva" del procedimiento patrimonial se hace siguiendo las pautas marcadas por los servicios jurídicos a los que el Ayuntamiento encargó el asunto, y que han actuado atendiendo a circunstancias "como son el tiempo, las funciones administrativas desempeñadas y los complementos salariales por dedicación al puesto encomendado".
Loaiza ha reiterado que se trata de una "responsabilidad subsidiaria" que sólo se activaría en el caso de que los imputados como autores materiales no pudieran hacer frente a lo exigido que, en este caso, "es el reembolso de la totalidad de la cantidad sustraída".
El alcalde de San Fernando ha manifestado que con esta actuación se da "un paso más" en la resolución del "robo" en la Caja Municipal, confiando en que la instrucción penal acabe "cuanto antes".
Asimismo, ha asegurado que el Ayuntamiento "no prejuzga ni en un sentido ni en otro la culpabilidad", cuestión que, según agrega Loaiza, "deberá determinar el Juez". Por ello, según subraya, han actuado "con cautela, sin dar pasos en falsos y acorde a los dictámenes de la Ley".
Por último, José Loaiza ha destacado que de esta forma están defendiendo "a toda costa" los derechos generales de toda la ciudadanía, "que es la primera agraviada en este lamentable suceso".
