El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), consideró hoy que el Ayuntamiento podrá entregar en los "próximas días" los datos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el la represión franquista que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha requerido a instituciones, organizaciones y consistorios españoles.
Torres Hurtado, que visitó hoy las obras de la avenida de Maracena y las placetas Marte y Guadix de La Chana, indicó a los periodistas que desde la pasada semana se ha designado a una persona que se dedica "específicamente" a recopilar todos los datos de los que dispone el Ayuntamiento y pasarlos a una lista.
El alcalde rehusó dar un plazo de entrega, si bien consideró que podrá efectuarse en "los próximas días", ya que desde hace varias semanas el Ayuntamiento trabaja en la recopilación de los datos existentes en el Archivo Histórico y la Empresa Municipal del Cementerio y Servicios Funerarios (Emucesa) para elaborar el citado listado.
Esta situación se produce después de que el pasado 22 de septiembre la Universidad de Granada (UGR) entregara en la Audiencia Nacional un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional y una lista con 6.376 desaparecidos entre 1936 y 1955. En él aparecen los antecedentes de las elecciones de febrero de 1936, los elementos militares que se sublevaron y la situación que se generó con la sublevación.
La información fue recopilada con datos del Registro Civil, actas judiciales, publicaciones e investigaciones de campo, con lo que se elaboró un documento inicial contrastado. No obstante, de los 6.376 desaparecidos de la provincia entre 1936 y 1959 que se cuantifican en la lista hay 655 personas cuya identidad se desconoce.
Garzón solicitó el 1 de septiembre, a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica, a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid y al rector de la Universidad de Granada la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional.
Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.